2025-12-13

Denuncia por el Acueducto Gran Tulum

Supuestas Irregularidades: Contradictoria respuesta de Arancibia que sorprendió a la Fiscalía

La solicitud era clara: que identificara a los funcionarios o exfuncionarios involucrados en un presunto enriquecimiento ilícito

La denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia sobre presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum tomó un giro -más sorprendente de lo normal- que generó desconcierto en el Ministerio Público Fiscal.

Lo que parecía ser una acusación directa terminó en una confusa marcha atrás que pone en duda la estrategia legal del denunciante.

El pedido de Fiscalía que desató la polémica

Apenas horas después de recibir la denuncia, el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, envió un requerimiento puntual a Arancibia. La solicitud era clara: que identificara a los funcionarios o exfuncionarios involucrados en un presunto enriquecimiento ilícito y que detallara los bienes adquiridos de manera injustificada.

El pedido incluía que el abogado especificara "el o los funcionarios a quienes se les atribuye el enriquecimiento patrimonial" y que precisara "los bienes, incrementos patrimoniales o variaciones económicas cuya procedencia considere injustificada".

La respuesta rara o ambigua de Arancibia

La contestación de Arancibia llegó rápidamente, pero con un contenido que causó asombro en tribunales.

El abogado afirmó categóricamente que nunca denunció el delito de enriquecimiento ilícito, razón por la cual no podía proporcionar los nombres y datos solicitados por la Fiscalía.

Esta respuesta resultó sorprendente, más allá de lo acostumbrado, porque contradice elementos de su propia presentación inicial.

En el escrito original, Arancibia había señalado expresamente, esta semana, previo al 9 de diciembre que "el próximo 10 de diciembre se cumplen los dos años después de los que un exfuncionario no puede ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito", agregando que "a partir del 10 de diciembre esos exfuncionarios no se les podrá reprochar nada por el incremento de su patrimonio".

¿Una estrategia legal o una inconsistencia grave?

Fuentes judiciales no ocultaron su perplejidad ante esta contradicción. Si Arancibia no denunció enriquecimiento ilícito, ¿por qué su presentación hacía referencias explícitas a los plazos para juzgar este delito? La urgencia de presentar la denuncia el 9 de diciembre, justo un día antes del vencimiento de ese plazo de dos años, ahora cobra un nuevo significado. Con elementos, eso sí, que no TIENEN PRUEBAS.

La lógica jurídica indica que, de haber denunciado efectivamente este delito, el abogado debería haber mencionado al menos a Gustavo Monti —primo del exgobernador Sergio Uñac— cuya presunta vinculación con la provisión de cañerías de dudosa calidad había sido documentada por supuestas investigaciones periodísticas de un medio digital.

El trasfondo: una megaobra de 100 millones de dólares

El Acueducto Gran Tulum es una obra estratégica financiada con 100 millones de dólares provenientes de un préstamo del Fondo Kuwaití, diseñada para abastecer de agua potable a más de un millón de habitantes.

Las "irregularidades" denunciadas incluyen la supuesta utilización de materiales de calidad inferior al exigido y la adquisición de los mismos a precios inflados.

Según Arancibia, estos hechos podrían configurar diversos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación al Estado, dádivas y asociación ilícita. Pero, como claramente, se observa, el letrado, no ha podido comprobar tales cuestiones.

La investigación continúa, pero con interrogantes

A pesar de la confusión generada, la Fiscalía aclaró que "respecto a todos los posibles delitos distintos del enriquecimiento ilícito, continúese sin restricciones alguna con las diligencias investigativas correspondientes". Esto significa que la investigación sigue su curso, pese a esta recaída sin demostraciones concretas.

El Código Procesal Penal otorga a la Fiscalía 15 días hábiles para realizar una "valoración inicial" y determinar si existen elementos que configuren un delito penal. Posteriormente, dispone de 90 días, prorrogables por otros 90, para desarrollar una "investigación previa a la formalización" que podría derivar en imputaciones concretas.

Un caso que comienza con el pie izquierdo

Lo que debería haber sido una denuncia contundente contra presuntas irregularidades millonarias se convirtió en un enredo procedimental que plantea más preguntas que respuestas.

¿Por qué Arancibia presentó la denuncia con tanta urgencia si no incluía el delito de enriquecimiento ilícito? ¿Se trata de una estrategia jurídica calculada o de una presentación apresurada?

Mientras tanto, los diputados oficialistas de Cambia San Juan y aliados, aguardan un informe de OSSE sobre las irregularidades detectadas, documento que aún no ha llegado a la Cámara.

La megaobra del Acueducto Gran Tulum, que debería garantizar agua para generaciones futuras, ahora está bajo la lupa judicial con un futuro incierto y una denuncia que generó más dudas que certezas y nos obliga a preguntarnos si esta causa tiene algo en concreto o es una cortina de humo.

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