PRO recurre a la Justicia contra el nombramiento de autoridades en la AGN

El partido de Mauricio Macri interpuso un amparo judicial denunciando vicios de procedimiento en la designación aprobada por Diputados esta semana

El bloque del PRO en la Cámara baja llevó ante la Justicia su rechazo a la conformación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación, cuestionando tanto la forma como el momento en que se realizó la votación parlamentaria.

La acción judicial fue iniciada por Cristian Ritondo, presidente del bloque macrista en Diputados, quien fundamentó el planteo en presuntas irregularidades constitucionales y procedimentales que habrían viciado el proceso de designación.

Una votación en la madrugada

El procedimiento cuestionado tuvo lugar durante la madrugada del jueves, cuando la Cámara de Diputados aprobó con 186 votos positivos y dos abstenciones la terna propuesta para conducir el organismo de control. Los designados son Rita Mónica Almada, impulsada por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, vinculado al kirchnerismo y cercano a Máximo Kirchner; y la exlegisladora salteña Pamela Calletti, postulada por Innovación Federal.

Según Ritondo, la votación se desarrolló "cerca de las tres de la mañana", en condiciones que calificó como carentes de "publicidad ni transparencia". El legislador agregó que el tratamiento se realizó "sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales".

El núcleo del planteo constitucional

El argumento central del amparo radica en que las designaciones se concretaron por fuera del temario habilitado en el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias. Para el PRO, esto representa una violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece los límites de actuación del Congreso durante este período.

"El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema", enfatizó Ritondo en su presentación judicial, agregando que la Auditoría General no es "un órgano administrativo interno" sino "un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos".

El jefe del bloque PRO también denunció que el procedimiento afectó "de manera directa los derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado".

Qué solicita el partido al Poder Judicial

La presentación judicial del PRO incluye tres pedidos concretos:

Que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la resolución que designó a los tres auditores.

Que se otorgue una medida cautelar de urgencia para impedir que los designados asuman sus funciones o ejerzan cualquier acto en nombre de la AGN mientras no exista una sentencia definitiva.

Que se restituya el estado institucional previo a la votación cuestionada.

Tensión creciente en el vínculo con el oficialismo

Esta acción judicial se produce en un contexto de enfriamiento en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, socios en distintas provincias pero con diferencias cada vez más evidentes en el plano nacional.

Ritondo intentó desligar el planteo de cualquier connotación partidaria: "No se trata de una discusión política ni de nombres propios, sino de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones", aseguró.

Sin embargo, el timing del amparo y su contenido reflejan las fricciones que atraviesan la convivencia entre ambos espacios, particularmente en lo que respecta al funcionamiento de los órganos de control del Estado.

La causa quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá resolver si existieron o no irregularidades en el procedimiento parlamentario y si corresponde suspender cautelarmente la toma de posesión de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación.