Gobierno abre la puerta a cambios mientras la CGT busca apoyo de los gobernadores

El debate por la reforma laboral entra en una etapa decisiva. A partir de la próxima semana, el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) retomarán formalmente las negociaciones en el Senado con el objetivo de introducir modificaciones al proyecto impulsado por la administración de Javier Milei y facilitar su aprobación legislativa. Sin embargo, ante la falta de garantías sobre el resultado de esas conversaciones, la central sindical decidió desplegar una estrategia paralela: una gira por distintas provincias para influir directamente sobre los gobernadores.

Los cotitulares de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, ya definieron un itinerario inicial que incluye visitas a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, para luego avanzar hacia la Patagonia, donde buscarán reunirse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. El objetivo es claro: persuadirlos de que no acompañen la versión más dura de la reforma tal como fue enviada al Senado.

La preocupación sindical no se limita a los aspectos laborales. Uno de los ejes centrales de la ofensiva de la CGT es el impacto fiscal del capítulo impositivo incluido en la reforma. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los cambios en el Impuesto a las Ganancias implicarían un costo anual del 0,22% del PBI, equivalente a unos 1,9 billones de pesos. De ese total, la Nación absorbería cerca de 790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires perderían alrededor de 1,12 billones de pesos por menores recursos coparticipables.

Entre las medidas cuestionadas figuran la reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Los gobernadores advierten que estas modificaciones achican la base tributaria y derivan en una caída de los envíos automáticos de fondos a los distritos.

Negociaciones en el Senado y posibles concesiones

En paralelo a la gira sindical, el Senado pondrá en marcha una comisión técnica que comenzará a trabajar el viernes 16 de enero. El espacio estará coordinado por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La intención oficial es consensuar cambios con la CGT y, si hay acuerdo, emitir un nuevo dictamen a partir del 26 de enero.

Dentro del Gobierno reconocen que hay puntos en los que podrían ceder. Uno de ellos es el esquema de las llamadas “cuotas solidarias”, los aportes compulsivos pactados en convenios colectivos que financian a los sindicatos. Aunque el oficialismo no quiere volver al sistema anterior sin modificaciones, sí estaría dispuesto a liberar estas cuotas y eliminar los artículos que limitan su pago, buscando una fórmula que las mantenga prácticamente vigentes.

En cambio, hay mayor resistencia a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención de la cuota sindical. Desde la Casa Rosada sostienen que esa disposición está alineada con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que no es razonable que un actor social recaude fondos para otro.

Otro punto en el que el Ejecutivo mostraría flexibilidad es la reglamentación del derecho de huelga en sectores clave como transporte, educación y salud. La alternativa que gana terreno es eliminar los porcentajes fijos de servicios mínimos (75% y 50%) y dejar que los sindicatos se autorregulen, con intervención de la Comisión de Garantías de la Secretaría de Trabajo solo en caso de conflicto.

Tensiones por el Fondo de Asistencia Laboral y las obras sociales

Uno de los temas más sensibles sigue siendo la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar las indemnizaciones por despidos sin causa. El esquema prevé que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta y, a cambio, obtengan una reducción equivalente en las contribuciones patronales previsionales. Especialistas advierten que esto podría generar un déficit anual cercano a los 3.000 millones de dólares en el sistema jubilatorio, aunque el Ministerio de Economía asegura que el financiamiento se mantendría con otras fuentes, como el IVA. La CGT, no obstante, reclama ver los números antes de avalar la medida.

También genera fuerte rechazo sindical la reducción de la contribución patronal a las obras sociales del 6% al 5%. Según estimaciones oficiales, esta rebaja implicaría una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, lo que la CGT considera un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral. El Gobierno, por ahora, se mantiene firme y sostiene que una gestión más eficiente permitiría compensar esa caída de ingresos.

Convenios por empresa y límites a la actividad sindical

Si bien la CGT logró que los convenios por empresa deban ser refrendados por sindicatos con personería gremial, el proyecto mantiene la prioridad de estos acuerdos por sobre los convenios por actividad e incluso fomenta la creación de sindicatos por empresa. El oficialismo estaría dispuesto a eliminar el artículo que facilita esa modalidad, pero persisten diferencias sobre el alcance de la negociación colectiva y la preservación del modelo de sindicato único por rama.

En otros aspectos, como los límites a las horas pagas para tareas gremiales, la tutela sindical y la exigencia de autorización previa para realizar asambleas en las empresas, el Gobierno no muestra intención de retroceder, argumentando que estas medidas alivian costos para las empresas y ordenan la actividad sindical.

Un escenario abierto

Con negociaciones técnicas, presiones políticas y movilización sindical, la reforma laboral se encamina a semanas clave. Aunque en el oficialismo dan por hecho que la ley terminará siendo sancionada, admiten que el texto final no será idéntico al original. La disputa entre el Gobierno y la CGT definirá hasta dónde llegarán los cambios y qué sello quedará finalmente impreso en una de las reformas más ambiciosas de la gestión Milei.