Chimbas: otro capítulo por los fondos
Silencio cómplice de Rodríguez ante un descontrol presupuestario
A apenas 48 horas de que venza el plazo para vetar la polémica reforma del presupuesto municipal en Chimbas, la intendente Daniela Rodríguez mantiene un silencio preocupante, sin dar señales claras sobre si utilizará su facultad constitucional o si dejará que los cambios aprobados por el Concejo Deliberante se concreten sin resistencia.
Lo que está en juego no es una simple cuestión técnica o administrativa: los legisladores departamentales que responden al PJ y al espacio San Juan Te Quiero modificaron a fines de diciembre el presupuesto original enviado por el Ejecutivo para el año 2026 y aumentaron drásticamente el financiamiento del Concejo, elevándolo al 11,7 % del total de recursos (unos 4.166 millones de pesos), frente al 4 % del año anterior.
El resultado es evidente: más dinero para los concejales y menos para quienes realmente dependen de la gestión municipal, como servicios públicos, educación y asistencia social.
Pero la respuesta de la intendenta —entre proclamas radiales y silencios públicos— no está a la altura de la gravedad de la situación. Ni ella ni su equipo han explicado con claridad si vetarán la reforma o si recurrirán a la Justicia para frenarla. Ese hermetismo solo alimenta la percepción de que los intereses políticos prevalecen por encima de la defensa de los fondos que deberían beneficiar a los vecinos de Chimbas.
Y el problema no termina ahí. El Concejo Deliberante, con mayoría calificada, tiene la capacidad de anular un veto municipal y forzar la última palabra, según lo que establece la Carta Orgánica. Es decir: si Rodríguez decide vetar y “advierte” a los concejales, estos podrían igual promulgar la modificación por insistencia, dejándola sin efecto.
Este "enfrentamiento" demuestra una ruptura política profunda entre el Ejecutivo y su propio bloque, un desencuentro que no debería resolverse en la oscuridad, sino con transparencia y respeto por la comunidad. En lugar de esconderse detrás de declaraciones ambiguas o evadir responsabilidades, la intendenta debería explicar a los vecinos cuál será su decisión y por qué.
Después de todo, no se trata de disputas internas de poder, sino de la gestión de recursos que afectan directamente la vida de quienes pagan sus impuestos y esperan servicios concretos.
Este hermetismo deliberado no solo desvaloriza la gobernabilidad local, sino que también deja en evidencia que la política partidaria pesa más que la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La gente merece saber qué se está decidiendo con el dinero que sale de sus bolsillos —y no quedarse en la incertidumbre mientras los liderazgos políticos se esconden hasta el último minuto.