Seguidores falsos, propaganda digital y falta de transparencia: qué pasa en San Juan

Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios de la política. Pero detrás de los “likes”, comentarios y elogios que aparecen en las publicaciones de los gobernadores podría haber algo más que ciudadanos opinando.
Una investigación publicada por La Nación, basada en un trabajo de la red periodística Ruido y la plataforma CONNECTAS, detectó indicios de perfiles falsos o automatizados que interactúan de manera sistemática en las cuentas de mandatarios provinciales.
El relevamiento incluyó las cuentas de los 24 gobernadores argentinos. En 23 de ellas aparecieron perfiles sospechosos en Instagram, mientras que en 15 también se detectaron comportamientos similares en la red X (ex Twitter).
Las características se repiten: cuentas sin foto real, sin biografía, con pocos seguidores y creadas en fechas cercanas entre sí. Muchas de ellas responden exclusivamente a publicaciones del gobernador con mensajes de apoyo o elogios.

Según la expresidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, estas prácticas pueden formar parte de un mecanismo de propaganda digital que intenta instalar un clima de opinión artificial en redes sociales.
“Se trata de un aparato propagandístico encubierto que busca simular apoyo ciudadano”, advirtió.
El problema de fondo: la plata y la transparencia
Más allá de las cuentas falsas, la investigación abre otra pregunta clave: quién financia estas estrategias digitales.
Los datos analizados muestran que varios gobiernos provinciales contratan agencias de marketing político, consultoras digitales y empresas de comunicación para campañas en redes.
El problema es que esa información no siempre es pública.
Según el relevamiento, la pauta oficial es secreta en 17 provincias argentinas, es decir, en el 70% del país.
Y ahí aparece el punto que toca directamente a San Juan.

San Juan y el acceso a la información
San Juan forma parte del grupo de provincias donde no existe un sistema claro y completo de acceso público a la información sobre pauta oficial y campañas de comunicación.
Esto implica que muchas veces no se puede saber con precisión:
cuánto dinero se destina a publicidad
qué empresas reciben esos fondos
qué servicios prestan exactamente
si incluyen campañas digitales o manejo de redes
Para los especialistas, esa falta de transparencia es uno de los factores que permite que estas estrategias se desarrollen sin control público.
El contraste con otras provincias
El informe también menciona situaciones distintas en otros distritos.
Por ejemplo, Córdoba cuenta con registros más amplios de proveedores de pauta oficial y contrataciones vinculadas a comunicación digital, lo que permitió detectar qué agencias trabajan con el gobierno provincial.
Allí incluso se pudo rastrear el volumen de inversión en redes sociales, con cifras millonarias destinadas a campañas en plataformas como Facebook e Instagram.

En Mendoza, si bien también hay cuestionamientos, existen mecanismos institucionales más consolidados para acceder a información pública.
La diferencia con provincias donde los datos son escasos o fragmentados —como San Juan— vuelve más difícil analizar cómo se utilizan los recursos públicos en comunicación política.
Redes, política y democracia
Especialistas advierten que el uso de cuentas falsas o automatizadas no es un tema menor.

El programador y periodista especializado Maximiliano Firtman sostuvo que este tipo de prácticas puede distorsionar la conversación pública.
“Hoy gran parte del debate ocurre en redes. Muchas veces las personas discuten con cuentas que ni siquiera son reales”, explicó.
Para investigadores en comunicación, estas estrategias pueden no cambiar el voto de la gente, pero sí inflar artificialmente la popularidad de dirigentes y mejorar métricas que luego se utilizan políticamente.
Un debate que recién empieza
El informe vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a todo el país: la transparencia en el uso de recursos públicos para comunicación política.
En provincias como San Juan, donde el acceso a la información todavía presenta límites, el tema cobra especial relevancia.
Porque detrás de cada campaña digital, cada publicación promocionada o cada estrategia de posicionamiento en redes, hay una pregunta que todavía sigue abierta:
quién paga y con qué control.