Informe técnico sostiene que las cañerías del Acueducto Gran Tulum no serían aptas y podrían representar un riesgo

La obra hídrica más ambiciosa de San Juan quedó en el centro de la polémica: un informe técnico preliminar encargado por OSSE y avalado por Bureau Veritas determinó que las cañerías utilizadas en el Acueducto Gran Tulum no serían apropiadas para transportar agua potable.

Según el estudio, los conductos provistos por la firma KRAH estarían destinados a sistemas cloacales o de drenaje, no a redes de consumo humano, y además no estarían diseñados para soportar la presión necesaria en una red potable.

El hallazgo abre serios interrogantes técnicos, sanitarios y administrativos. Los peritos alertan que el material podría liberar partículas potencialmente perjudiciales para la salud, lo que convertiría a la obra, proyectada para abastecer cerca de un millón de habitantes, en un riesgo sanitario si no se corrigen los problemas detectados.

La denuncia que impulsó la investigación fue presentada por el abogado Marcelo Arancibia y tramita en la UFI de Delitos Especiales; además, los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez ya analizan documentación y realizaron inspecciones oculares en tramos claves, como el que conecta el dique Punta Negra con la planta de Marquesado. Internamente, OSSE había iniciado revisiones y auditorías antes de que el caso se difundiera públicamente, con tomas de muestras y desvinculaciones de personal jerárquico.

Ante la gravedad de las primeras conclusiones, el organismo solicitó una evaluación adicional al INTI para contar con un peritaje independiente. Si el nuevo dictamen confirma que las tuberías no son aptas, la alternativa sería retirar y reemplazar los caños, una decisión que implicaría demoras significativas y un fuerte impacto económico en el proyecto, a pesar del crédito de 100 millones de dólares del BID que sigue vigente.

Mientras tanto, en el terreno conviven tramos ya enterrados con sectores aún sin instalar, lo que complica la logística de posibles remociones. Los fiscales no descartan ordenar nuevos peritajes y sumar pruebas técnicas conforme avance la instrucción. La causa también investiga posibles irregularidades en la licitación, el uso de fondos y la calidad de los insumos.

*Cobertura: Francisco Otiñano