Oposición impulsa nueva ofensiva legislativa para aprobar la Ley de Ficha Limpia

Recordemos que se trató, y Carlos Arce, junto a Sonia Rojas Decut, abandonaron el recinto sin explicaciones en diciembre pasado.

Tres proyectos paralelos buscan cerrar el cerco a funcionarios condenados por delitos graves y reabrir un debate que quedó trunco en 2025 por un solo voto en el Senado.

La batalla por la transparencia en la función pública vuelve al Congreso. Legisladores de distintos bloques opositores presentaron en los últimos días tres iniciativas con un objetivo compartido: impedir que personas con condenas por corrupción o delitos de alto impacto social puedan postularse a cargos electivos nacionales.

La propuesta, conocida como Ley de Ficha Limpia, había quedado estancada en diciembre de 2025, cuando el Senado rechazó el proyecto por un ajustado 36 a 35. Ahora, con el calendario legislativo renovado y un año sin comicios nacionales de por medio, los impulsores ven una oportunidad estratégica para avanzar sin la presión de la campaña electoral.

¿Quiénes están detrás de los proyectos?

En la Cámara de Diputados, las iniciativas fueron presentadas por:

Gisela Scaglia (Provincias Unidas, Santa Fe), cuyo texto cuenta con el respaldo de la schiarettista Carolina Basualdo.
Karina Banfi (Radical, Adelante Buenos Aires), quien acompaña la propuesta con un proyecto espejo al de la senadora radical Carolina Losada.

En el Senado, el bloque PRO, liderado por el misionero Martín Goerling, tomó la posta para reimpulsar la norma en la cámara alta, donde había fracasado el año pasado.

¿Qué cambia con estas nuevas propuestas?

Los textos presentados comparten ejes centrales que amplían el alcance de versiones anteriores:

Delitos incluidos: No solo corrupción. También se suman terrorismo, trata de personas, narcotráfico, secuestro extorsivo, delitos sexuales, homicidios dolosos y ataques al orden constitucional.

Deudores alimentarios: Se incorpora como causal de inhabilitación a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. "Quien no garantiza la subsistencia de sus hijos difícilmente pueda representar los intereses de toda la sociedad", sostuvo Scaglia.

Umbral de condena: Basta con una sentencia confirmada por un tribunal de alzada, sin necesidad de que esté firme. La inhabilitación se extiende durante el cumplimiento de la pena y hasta 10 años después.

Control electoral: La Justicia Electoral verificará estos requisitos al oficializar listas, con apoyo del Registro Nacional de Reincidencia para mantener actualizada la información.

El fantasma del 2025 y el tablero político

El precedente más reciente sigue pesando. En diciembre de 2025, el proyecto impulsado por la entonces diputada Silvia Lospennato (PRO) cayó en el Senado tras la votación en contra de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes abandonaron el recinto sin explicaciones. Ambos responden al exgobernador Carlos Rovira, operador clave en la política de Misiones.

Aunque desde el oficialismo negaron intervenciones, persisten las sospechas de que sectores del gobierno de Javier Milei habrían influido para frenar la iniciativa. Hasta el momento, La Libertad Avanza no incluyó el tema en su agenda legislativa.

Un año "neutral" para debatir con altura

Los impulsores destacan que 2026, al no ser año electoral, ofrece un marco más propicio para un debate de fondo. "En Santa Fe lo hicimos: primero como ley, luego como reforma constitucional. Eso demuestra que se puede. Ahora le toca a la Argentina", afirmó Scaglia, recordando que su provincia incorporó la Ficha Limpia a su Carta Magna en septiembre de 2025.

Karina Banfi, por su parte, defendió la constitucionalidad de inhabilitar candidatos sin sentencia firme: "Si bien existe una afectación al principio de presunción de inocencia, la misma es constitucionalmente válida y socialmente necesaria", argumentó.

Desde el PRO, el bloque senatorial expresó su confianza en que "esta vez el Senado acompañe esta demanda y no vuelva a quedar sujeta a la defensa de privilegios ni a decisiones de último momento. El Estado no es refugio".

Una propuesta que va más allá: la "Ficha Limpia Psicológica"

En paralelo, circula un proyecto adicional de la legisladora Marcela Pagano (Coherencia) que busca establecer controles periódicos —preventivos y sorpresivos— sobre las condiciones cognitivas, mentales y físicas de los legisladores nacionales. El objetivo declarado es "garantizar el cumplimiento del deber de ética pública y preservar la confianza ciudadana en sus representantes".

En síntesis: La oposición vuelve a poner sobre el tapete la Ley de Ficha Limpia con tres proyectos que buscan blindar la función pública frente a condenados por delitos graves. Con el antecedente del ajuste de un voto en 2025, el debate se reabre en un año sin elecciones, con el desafío de construir consensos más amplios y evitar que intereses coyunturales vuelvan a frenar la iniciativa.

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