2026-04-19
El Gobierno nacional delega a provincias.
Santa Fe asume el control de las rutas, pero con interrogantes sin resolver
El Ejecutivo federal oficializó un nuevo modelo de gestión vial que traspasa responsabilidades operativas a nueve jurisdicciones, entre ellas: San Juan.
El Ejecutivo federal oficializó un nuevo modelo de gestión vial que traspasa responsabilidades operativas a nueve jurisdicciones, entre ellas Santa Fe. Sin embargo, el mecanismo plantea dudas sobre los plazos, los recursos y el verdadero alcance de la medida.
El viernes pasado, el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 253/2026, una normativa que modifica profundamente la administración de la red vial nacional en Argentina
. La provincia de Santa Fe figura entre los territorios seleccionados para asumir funciones que hasta ahora dependían exclusivamente de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
¿Qué cambia concretamente?
La medida habilita a Santa Fe —junto a Corrientes, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz— a licitar, adjudicar y supervisar concesiones de obras públicas sobre tramos de rutas nacionales mediante el sistema de peaje.Esto significa que el gobierno provincial de Santa Fe, podrá convocar a empresas privadas, mixtas o entes públicos para hacerse cargo del mantenimiento, la ampliación y la reparación de corredores viales.
La ruta nacional A012, clave para el acceso a los puertos del cordón industrial del Gran Rosario, es el primer tramo que Santa Fe buscará gestionar bajo este nuevo esquema
. El Ministerio de Obras Públicas provincial ya tiene preparado un plan de contingencia con un presupuesto aproximado de 5.000 millones de pesos para tareas inmediatas como el tapado de pozos, la reparación de baches y la eliminación de ahuellamientos.
El dilema de la "pelota" sin reglas claras
A pesar de la expectativa generada, el traspaso no es tan lineal como parece. El decreto establece que la provincia debe firmar previamente un convenio con la DNV para cada tramo específico, determinando el alcance y el plazo de las competencias delegadas
. Sin ese acuerdo, no hay transferencia efectiva de funciones.
El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, expresó cautela ante la medida: "Tenemos que ver bien de qué se trata, cuáles son las condiciones y si hay recursos", señaló en declaraciones públicas
. La preocupación radica en que el Gobierno nacional "pasa la pelota" de la gestión y el mantenimiento, pero no especifica con claridad cómo se financiarán las obras ni qué mecanismos de control ejercerá.
Limitaciones y controles
La normativa impone restricciones significativas. Las provincias no podrán agrupar rutas o tramos de diferentes jurisdicciones en una misma licitación, lo que complica planes como el reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario
. Además, los fondos recaudados por peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo específico donde se cobren, sin posibilidad de redistribución para otras obras
.
Los plazos son estrictos: una vez firmado el convenio, Santa Fe tendrá un año máximo para lanzar la licitación. Si no lo hace, perderá automáticamente la facultad sobre ese corredor. Una vez adjudicado el contrato, deberá otorgar la posesión en 90 días hábiles
. La delegación, además, tiene un tope de 30 años y es revocable por el Estado nacional en cualquier momento
.
Responsabilidad total para la provincia
Un punto crítico es que la provincia asumirá la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la ejecución de los contratos, incluyendo reclamos de usuarios y terceros. Deberá garantizar, además, la indemnidad del Estado nacional ante cualquier litigio
Esto implica que, si bien las rutas siguen siendo de jurisdicción federal, las consecuencias de la gestión recaerán plenamente sobre la administración provincial.
El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, adelantó que la provincia apuesta a crear un ente público-privado que incluya a los municipios de la región para coordinar la administración a largo plazo. La propuesta contempla el cobro de una tasa única a los camiones que se dirijan a los puertos, garantizando así el financiamiento de los arreglos.
Un cambio con incertidumbres
El nuevo esquema representa una apuesta a la descentralización operativa, pero mantiene el control estratégico en manos del Gobierno nacional. Las rutas seguirán siendo patrimonio federal y bajo jurisdicción nacional; lo que cambia es quién ejecuta y administra el día a día.
Para Santa Fe, la oportunidad es clara: poder intervenir con mayor celeridad en corredores críticos como la A012, que registra un siniestro vial cada 10 días
Pero el desafío es igual de grande: conseguir los recursos, definir las reglas de juego con la Nación y evitar que la delegación se traduzca en una carga financiera y legal para la provincia.
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