Por una orden directa desde Buenos Aires de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dos funcionarios que investigaban irregularidades vinculadas al Sindicato de Camioneros fueron desplazados de sus cargos en Mar del Plata. El movimiento se da en el marco de una pesquisa judicial que investiga un presunto fraude millonario mediante facturación apócrifa y otros maniobras asociadas al manejo de fondos del gremio que lidera Hugo Moyano.
Los funcionarios apartados eran los jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización de la Dirección Regional Mar del Plata de ARCA: Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González. Ambos fueron reasignados a tareas de menor rango, en áreas como “asesoría mayor” y “trámites y verificaciones”, respectivamente.
De acuerdo con lo reconstruido por LA NACION, el desplazamiento estuvo ligado a que Capdeville y González venían siguiendo la pista de los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en Mar del Plata. La investigación judicial se centra en el presunto desvío de al menos $13.000 millones, canalizado —según el expediente— a través de facturas emitidas por proveedores inexistentes o sin capacidad operativa.
La decisión también se suma a un corrimiento previo de otros funcionarios de ARCA vinculados a la misma fiscalización. En octubre pasado, cuando el caso comenzaba a activarse, habían desplazado al jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por haber respondido una consulta del juzgado. Tras ese apartamiento, el entonces titular regional Luis Eduardo Tymkiw pidió ser relevado de su cargo.
Para fines de diciembre, el actual responsable regional, Pablo Catracchia, habría requerido a Capdeville y González que congelaran la pesquisa que tenían asentada en los sistemas internos de ARCA (SEFI). El incumplimiento —según el relato del caso— derivó en el desplazamiento dispuesto en las últimas horas.
La investigación judicial comenzó en agosto del año pasado, luego de que un empleado del hotel 15 de Diciembre —perteneciente al Sindicato de Camioneros— se negara a convalidar irregularidades. A partir de ese momento, el gremio habría impulsado una denuncia vinculada al conflicto.
En paralelo, la justicia provincial investiga en el fuero local un presunto fraude relacionado con el hotel. En la causa participa la fiscalía N°10, a cargo de Carlos David Bruna, y la jueza Lucrecia María Bustos. El expediente contempla una pericia contable, que podría ampliarse a las cuentas del sindicato en Buenos Aires, con posibilidad de que el caso pase al ámbito federal.
Según se informó, por la investigación y sus efectos, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza en la estructura sindical: Claudio Omar Balazic (secretario Administrativo) y Paulo Héctor Villegas (secretario Tesorero). Ambos aparecen imputados en la causa, con el argumento de que no podrían justificar gastos. Una fuente señaló que el esquema habría sido gestado desde Capital, y no desde Mar del Plata.
Además, se menciona que en los últimos días se habrían transferido aproximadamente $900 millones desde cuentas del sindicato y de su obra social (OSCHCA) hacia fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Moyano.
En los fundamentos de la Disposición 137/2026 publicada en el Boletín Oficial, el desplazamiento se encuadra en “necesidades de servicio”. Sin embargo, LA NACION reconstruye que las órdenes habrían venido desde niveles superiores en Buenos Aires, con un rol decisivo atribuido a Carlos García Pastrana, subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior.
Según fuentes consultadas, dos características sobresalieron: los funcionarios se habrían enterado de su cambio de rol al momento de la publicación oficial, sin comunicación previa. También señalan que no habrían sido designados reemplazantes en el mismo acto.
En ese contexto, se interpreta el movimiento como una forma de marcar límites: no solo como sanción, sino como señal para que el resto del personal no desobedezca —incluso ante directivas discutidas—.
El artículo advierte, además, que los desplazamientos se producen mientras la justicia federal avanza sobre un fraude millonario que incluye el uso de cheques en blanco y una red de al menos diez proveedores fantasma.
Si querés, te lo adapto a tu estilo: más político, más judicial, o con un tono más corto tipo copete + 3 párrafos.