Falsificación de certificados de vacunación: el escándalo que sacude a Mendoza

Un grupo de familias antivacunas habría sobornado a personal de salud para registrar dosis inexistentes y mantener beneficios estatales

Todo comenzó cuando un médico pediatra de San Rafael notó algo extraño en los registros de sus pacientes. Niños que atendía regularmente y cuyas familias se habían manifestado abiertamente en contra de la vacunación, aparecían en el sistema como completamente vacunados. Pero había un detalle que no cerraba: los certificados figuraban como emitidos en centros de salud ubicados a cientos de kilómetros de distancia.

Esta observación desencadenó una investigación que reveló una red de falsificación de certificados de vacunación en la provincia de Mendoza, involucrando a personal de salud y familias que buscaban burlar los controles estatales.

La maniobra

Según la denuncia presentada por el Ministerio de Salud mendocino, dos enfermeros del Centro de Salud 22 de Las Heras, ubicado en la localidad de El Pastal, habrían cargado en el sistema informático estatal vacunas que nunca fueron aplicadas.

Lo llamativo es la distancia: este centro de salud se encuentra a más de 250 kilómetros de San Rafael y a unos 100 kilómetros del Valle de Uco, de donde provienen las familias investigadas. Una irregularidad geográfica que terminó delatando la operación.

"Los padres ofrecían dinero al enfermero para que registrara a sus hijos como inmunizados en el sistema", señala la presentación judicial.

Los motivos detrás del fraude

La investigación revela que las familias involucradas buscaban dos objetivos principales:

Mantener los planes sociales y alimentarios que exigen como requisito el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio
Evitar las sanciones previstas por la legislación mendocina para quienes no cumplen con el esquema de vacunas, que incluyen multas e incluso días de arresto

Mendoza se convirtió en la primera provincia argentina en llevar a la Justicia a las familias que incumplen sistemáticamente con el calendario oficial de inmunización.

La investigación judicial

La causa está en manos de la Unidad Fiscal 3 de Delitos Económicos de Mendoza, dirigida por el fiscal Juan Gabriel Ticheli, quien ordenó allanamientos tanto en el centro de salud como en domicilios particulares de los sospechosos.

Durante esta semana, se tomarán declaraciones al pediatra que detectó el caso y a otros profesionales de la salud. Aunque por el momento no hay imputados formales, la Fiscalía evalúa caratular el caso por cohecho y fraude a la administración pública.

"La gravedad no radica solo en la posible participación de personal de salud, sino en que los padres fueron partícipes activos. Pagaron para que sus hijos figuren como vacunados cuando en realidad no recibieron dosis esenciales como pentavalente, poliomielitis, neumococo y rotavirus", expresó Sandra Gómez, funcionaria del Ministerio de Salud de Mendoza.

El contexto: un país con tasas de vacunación en descenso

Este caso ocurre en un momento particularmente delicado para la salud pública argentina. Según la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), las coberturas de vacunación han experimentado un descenso sostenido en los últimos años, generando un escenario de fragilidad en la protección colectiva contra enfermedades prevenibles.

En Argentina, el Plan Nacional de Vacunación es gratuito y obligatorio, e incluye un calendario exhaustivo que comienza desde las primeras horas de vida:

Recién nacidos: Hepatitis B (dentro de las 12 horas) y BCG (antes del alta de la maternidad)
Primer año: múltiples dosis contra rotavirus, quíntuple, poliomielitis, neumococo, meningococo y gripe
Segundo año: triple viral, refuerzos y vacunas contra varicela y hepatitis A
Refuerzos adicionales a los 5 y 11 años

Las implicancias del caso

Más allá de lo penal, este episodio plantea serias preocupaciones desde la perspectiva de la salud pública:

Riesgo sanitario: Los niños no vacunados quedan expuestos a enfermedades graves y potencialmente mortales
Impacto comunitario: Se compromete la inmunidad de grupo que protege a toda la población
Fraude al Estado: Se utilizan certificados falsos para acceder a beneficios que requieren el cumplimiento de requisitos sanitarios
Complicidad institucional: La participación de personal de salud vulnera la confianza en el sistema sanitario

Próximos pasos

La Fiscalía espera los resultados de los allanamientos para avanzar con las imputaciones formales. El caso sienta un precedente importante sobre las consecuencias de falsificar documentación de salud y sobre la responsabilidad compartida entre funcionarios públicos y ciudadanos en el mantenimiento de los registros sanitarios.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mendocinas refuerzan los controles sobre el registro de vacunaciones y advierten sobre las sanciones para quienes intenten burlar el sistema.

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