Asegura que su honestidad no afecta la economía del país
Luis Caputo defiende a Manuel Adorni
En medio de la creciente controversia que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha salido en su defensa, reafirmando su confianza en la honestidad del funcionario y minimizando el impacto de las investigaciones judiciales en curso.
Caputo expresó su firme apoyo a Adorni, calificándolo como una persona honesta y defendiendo su integridad. En declaraciones a LN+, el ministro subrayó que las revelaciones sobre el patrimonio de Adorni no afectarán la "economía real" del país. Destacó que el riesgo país se mantiene en niveles mínimos históricos, a pesar de las tensiones internas y el complejo contexto internacional.
Esta postura se alinea con la de Adorni, quien, tras el escándalo generado por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, aseguró que el Gobierno "explicó todo y no tiene nada que ocultar".
Además, Caputo respaldó la decisión del presidente Javier Milei de mantener a Adorni en su cargo, a pesar de las presiones para su destitución. El mandatario había afirmado que preferiría perder la elección antes que echar a un ministro que considera honesto. Caputo reflexionó sobre la importancia de priorizar la honestidad en el Gabinete, incluso por encima de consideraciones políticas.
En cuanto al avance de la causa judicial liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, Caputo se mostró optimista, confiando en que la justicia esclarecerá la situación y que, si Adorni no tiene las cosas en orden, no pasará desapercibido.
Por otro lado, la oposición ha intensificado sus críticas, cuestionando la permanencia de Adorni en su cargo y sugiriendo que las investigaciones podrían afectar la credibilidad del Gobierno. Sin embargo, Caputo minimizó estas preocupaciones, asegurando que la situación no tendrá repercusiones negativas en la economía nacional.
En resumen, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha reiterado su apoyo a Manuel Adorni, defendiendo su honestidad y minimizando el impacto de las investigaciones judiciales en la economía del país. Esta postura refleja la confianza del Gobierno en la integridad de sus funcionarios clave, a pesar de las controversias que puedan surgir.