2026-06-02
Política y economía
El Gobierno reglamentó la reforma laboral y buscó destrabar el conflicto por los fondos universitarios
Se publicó en el Boletín Oficial el nuevo modelo de recibo de sueldo y se anunció un proyecto para desregular el mercado inmobiliario. Paralelamente, las universidades y el Ejecutivo acordaron un incremento salarial, aunque mantienen diferencias sobre la demanda judicial por el financiamiento.
El Gobierno nacional y los rectores de las universidades nacionales mantuvieron este lunes una nueva reunión para buscar una salida al conflicto por el presupuesto de las casas de altos estudios. Según confirmaron fuentes de ambas partes, lograron coincidir en una propuesta económica que incluye un incremento salarial cercano al 24 por ciento. La pauta acordada contempla un aumento del 21,33 por ciento para los haberes de junio y un 3 por ciento adicional en octubre.
Sin embargo, resta definir cómo se llevará a la práctica este acuerdo. El Ejecutivo solicita que las universidades desistan de la demanda judicial que impulsaron para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Por el momento, los rectores no están dispuestos a retirar la presentación judicial.
En paralelo, la administración de Javier Milei avanzó con la reglamentación de la reforma laboral. A través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial, se aprobó el nuevo modelo de recibo de sueldo. El documento deberá informar el costo laboral total que asume el empleador, además de detallar el sueldo bruto, las deducciones obligatorias y el monto neto que recibe el trabajador.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el mercado inmobiliario. La iniciativa elimina la matrícula obligatoria para operar como intermediario, la exigencia de título universitario y las restricciones geográficas para operar en distintas provincias. Además, los colegios profesionales perderán la facultad de sancionar a los operadores y se eliminarán los honorarios mínimos fijos, dejando la negociación de comisiones en manos de las partes.
En el ámbito político, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con gobernadores del Norte Grande en el Consejo Federal de Inversiones. Durante el encuentro, Santilli defendió la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El funcionario estimó que las PASO tienen un costo de entre 220 y 240 millones de dólares y señaló que el Gobierno trabaja para conseguir los votos necesarios en el Congreso.
Por otro lado, la senadora Patricia Bullrich anunció que ejercerá su "objeción de conciencia" y votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a juega del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata. El Gobierno había solicitado retirar la postulación, pero Bullrich decidió desmarcarse de la decisión oficial.
En el plano económico, la recaudación tributaria de mayo registró un aumento real del 1,7 por ciento, cortando una racha de nueve meses consecutivos de caída. Los ingresos a las arcas estatales ascendieron a 21.513.588 millones de pesos, impulsados principalmente por los impuestos a las Ganancias, a los combustibles y a los Bienes Personales.
En el sector energético, la empresa Chevron presentó una solicitud bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar un proyecto en el área de El Trapial, en Vaca Muerta. La inversión estimada es de 13.800 millones de dólares, lo que representa la apuesta más grande de la compañía en el país.
En el ámbito judicial, el juez federal Ariel Lijo ordenó peritar unos audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En las grabaciones, se menciona supuestamente a Karina Milei en el marco de una investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos. Spagnuolo, quien se encuentra procesado en la causa, sostuvo que los audios son falsos y fueron armados con inteligencia artificial.
Finalmente, la Justicia revocó una medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que no existe un peligro de daño inminente que justifique frenar la norma dictada por el Congreso.
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