Dos concejales impugnaron una sanción y cuestionaron la legalidad de una sesión especial

Los concejales de Sarmiento José Luis Fernández y Valeria Roxana Lourdes Ríos presentaron una impugnación formal contra la sanción que les fue aplicada por su actuación durante una sesión especial realizada el pasado 2 de febrero de 2026.

La presentación fue ingresada este 5 de junio ante el Honorable Concejo Deliberante y está dirigida al presidente del cuerpo, Lucas Alberto Gómez.

En el escrito, los ediles sostienen que la sanción fue impuesta de manera "arbitraria e ilegítima", sin que existiera un procedimiento previo que les permitiera ejercer su derecho de defensa.

Según expresan en el documento, durante el período de receso legislativo el presidente del Concejo convocó a una sesión especial invocando disposiciones del reglamento interno.

Sin embargo, Fernández y Ríos afirman que decidieron retirarse del recinto por considerar que la convocatoria carecía de sustento legal. Los concejales argumentan que la Ley Provincial 430-P establece de manera taxativa los casos en los que puede convocarse una sesión especial y sostienen que la situación tratada en aquella oportunidad no encuadraba dentro de esos supuestos.

En ese sentido, señalan que la convocatoria debió haberse realizado bajo la figura de una sesión extraordinaria y no especial, por lo que consideran que el acto fue irregular desde su origen.

Además, sostienen que la permanencia en el recinto hubiera significado convalidar tácitamente una sesión que, a su entender, era jurídicamente inválida. Otro de los puntos planteados en la impugnación está relacionado con los plazos. Los concejales remarcan que la sanción fue aplicada aproximadamente cuatro meses después de ocurrido el hecho cuestionado, situación que consideran contraria a los principios de razonabilidad, seguridad jurídica y derecho de defensa.

En el escrito también cuestionan la competencia de la Presidencia del Concejo para aplicar este tipo de medidas disciplinarias sobre concejales en ejercicio de su mandato, al sostener que las facultades sancionatorias previstas por la normativa vigente estarían limitadas al personal administrativo del cuerpo.

Los firmantes solicitaron además copia certificada del acta de la sesión del 3 de junio de 2026 para ampliar los fundamentos de su presentación y adelantaron que, en caso de no prosperar el planteo administrativo, se reservan el derecho de acudir a la Justicia por las vías correspondientes.

A través del petitorio, Fernández y Ríos solicitaron que se revoque la sanción impuesta por considerar que carece de sustento jurídico válido y que se reconozca la nulidad de origen de la sesión que dio lugar al conflicto.

Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial de las autoridades del Concejo Deliberante respecto de la presentación realizada por los concejales.