Advierten sobre las distintas formas de violencia que afectan a las personas mayores en San Juan

La protección de los derechos de las personas mayores volvió a ocupar un lugar central en las acciones de concientización desarrolladas en San Juan, a través de la difusión de material informativo destinado a prevenir y detectar situaciones de violencia que afectan a este sector de la población.

Según los datos incluidos en el documento, la Organización Mundial de la Salud considera personas mayores a quienes tienen 60 años o más, criterio que también adopta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En San Juan, sin embargo, la Dirección de Políticas Públicas para el Adulto Mayor trabaja con personas a partir de los 55 años.

Las estadísticas reflejan además el crecimiento sostenido de esta población en la provincia.

Mientras que en 2010 los mayores de 60 años representaban el 12,8% de la población sanjuanina, en 2022 alcanzaron el 14,5%, lo que representa un incremento del 38%.

El aumento fue especialmente significativo entre las mujeres mayores, con un crecimiento del 56,7% en el período analizado. El material detalla las diferentes formas de violencia que pueden sufrir las personas mayores.

Entre ellas se encuentra la violencia física, que incluye empujones, sujeciones indebidas, uso abusivo de la fuerza o desatención en instituciones. También se advierte sobre situaciones de negligencia y abandono, como la falta de medicación, alimentación, higiene o controles médicos. En el plano psicológico, se identifican conductas como la humillación, la infantilización, las amenazas de institucionalización o el aislamiento de redes familiares y sociales.

Asimismo, se menciona la violencia sexual, que puede manifestarse mediante abusos, tocamientos sin consentimiento o prácticas inapropiadas durante cuidados personales o procedimientos médicos.

El documento también alerta sobre la violencia institucional, vinculada a malos tratos, barreras de acceso a servicios, demoras injustificadas o restricciones indebidas. A ello se suma la violencia digital, que incluye estafas, extorsiones, robo de identidad, difusión de información sin consentimiento o maniobras destinadas a vaciar cuentas bancarias.

Otra de las problemáticas destacadas es la violencia económica y patrimonial. Entre los ejemplos más frecuentes figuran la apropiación de jubilaciones o pensiones, préstamos forzados, presiones para firmar poderes, ventas o donaciones de bienes y situaciones de despojo del hogar.

El material también aclara que no todas las situaciones conflictivas constituyen un delito. Entre los casos mencionados se encuentran conflictos de pareja sin agresiones físicas ni amenazas, discusiones verbales sin riesgo concreto o situaciones de control económico leve.

En estos casos, se recomienda recurrir a instancias de asesoramiento social, psicológico y legal. Marco legal La protección de los derechos de las personas mayores cuenta con respaldo en diversas normativas nacionales e internacionales. Entre ellas se encuentran la Ley 27.360, que ratificó la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores; la Ley 27.700, que le otorgó jerarquía constitucional; y otras normativas vinculadas a la protección contra la violencia familiar y de género.

Desde los organismos especializados remarcan la importancia de visibilizar estas situaciones, promover el respeto hacia las personas mayores y fortalecer las redes de acompañamiento para prevenir cualquier forma de maltrato o vulneración de derechos.

*Cobertura: Sergio Taillant