Sindicato Químico denunció que Biocordillerana mantiene deudas con trabajadores desde 2024 y cuestionó la conciliación obligatoria

El conflicto laboral que atraviesa Biocordillerana volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el Sindicato de Químicos de San Juan denunciara el incumplimiento en el pago de distintos conceptos salariales que, según aseguró su secretario general, Mario García, se arrastran desde el año pasado.

En diálogo con Cosmos FM, García afirmó que la empresa adeuda las vacaciones correspondientes a 2024, la segunda cuota del aguinaldo de 2025, la primera cuota del aguinaldo de 2026, el salario de junio, horas extras y otros ítems establecidos en el convenio colectivo.

"Después de varias semanas de compromisos de pago que no se cumplieron, los trabajadores decidieron iniciar medidas de fuerza, pero la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria", explicó. 

El dirigente sindical cuestionó esa decisión y sostuvo que "para que exista una conciliación obligatoria tiene que haber algo para conciliar". En ese sentido, remarcó que la empresa no presentó una propuesta firme de pago y que los trabajadores atraviesan una situación económica crítica.

Actualmente, según indicó, Biocordillerana mantiene una dotación de 16 empleados, cuando años atrás contaba con entre 25 y 30 trabajadores. Sin embargo, aseguró que la actividad de la empresa continúa siendo normal y que la carga laboral no disminuyó.

"La empresa sigue trabajando. Continúa prestando el servicio de tratamiento de residuos patogénicos y también vinculados a la minería. Los trabajadores cumplen con sus tareas todos los días", señaló.

Consultado sobre las explicaciones brindadas por la empresa, García indicó que se atribuye el retraso en los pagos a demoras en los desembolsos del Estado provincial.

No obstante, consideró que ese argumento no resulta suficiente. "Todos sabemos que los pagos del Gobierno tienen determinados plazos. Echarle hoy la culpa al Gobierno no corresponde", sostuvo. Respecto de las declaraciones del empresario Sergio Vallejos, quien vinculó el conflicto con una cuestión política, el dirigente sindical rechazó esa interpretación.

"Esto es un reclamo genuino de los trabajadores. Se deben aguinaldos, vacaciones y salarios. No hay ninguna cuestión política detrás", afirmó.

Además, reveló que algunos empleados manifestaron haber sufrido situaciones de maltrato dentro de la empresa, las cuales fueron incorporadas a las actuaciones administrativas presentadas ante la autoridad laboral. 

Interrogantes que deja el conflicto La entrevista también abre una serie de preguntas que aún esperan respuesta.

Si las deudas salariales y laborales se remontan a 2024, ¿por qué las denuncias públicas recién toman visibilidad ahora? ¿Qué controles se realizaron durante ese período?

A su vez, si la empresa continúa prestando un servicio habilitado por el Estado provincial y mantiene contratos con organismos públicos y privados, surge otro interrogante:

¿qué mecanismos de control existen para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas que operan bajo esas autorizaciones? 

Por el momento, esas preguntas no tienen una respuesta oficial.