2026-07-30
CONFLICTO LABORAL
El titular de Biocordillerana politizó el reclamo salarial y vinculó al gremio con la oposición
Sergio Vallejos Mini calificó las medidas del Sindicato de Químicos como un intento de obstaculizar al Gobierno de Orrego. Mientras el gremio detalla deudas que se arrastran desde 2024, el empresario admitió su alineación con el "sindicalismo de los empresarios" y desvió el foco hacia disputas internas del sindicalismo local.
El conflicto laboral en la empresa Biocordillerana tomó un giro político tras las declaraciones de su propietario, Sergio Vallejos Mini. En lugar de abordar directamente las denuncias de impago, el empresario calificó las acciones del Sindicato de Químicos como una maniobra para "poner palos en la rueda" al Gobierno de Orrego.
↑ DECLARACIONES DE VALLEJOS MINI
↑ DECLARACIONES DE VALLEJOS MINI
Vallejos Mini afirmó en una entrevista que el gremio amenaza con paros que, según su versión, no cuentan con el respaldo de los trabajadores de la planta. Indicó que, ante la falta de eco interno, el sindicato recurre a la difusión mediática y a la Intersindical. El empresario vinculó este reclamo con la disputa interna del sindicalismo local, haciendo referencia a la estructura de la Intersindical y su relación con el diputado provincial Cabello.
"Estoy en el otro lado, que es el sindicalismo de los empresarios", sostuvo Vallejos Mini. Además, defendió el endeudamiento provincial como una herramienta válida hasta que se perciban las regalías mineras. Estas declaraciones posicionan al titular de la compañía como un vocero de la defensa oficialista, desviando el foco de las obligaciones laborales hacia un debate ideológico.
Frente a este enfoque, el secretario general del Sindicato de Químicos, Mario García, presentó datos concretos sobre la situación de la planta. Según la denuncia presentada, la empresa adeuda las vacaciones de 2024, cuotas del aguinaldo de 2025 y 2026, el salario de junio, horas extras y otros conceptos del convenio colectivo.
García señaló que la dotación de la empresa se redujo de 25-30 empleados a 16, aunque la actividad de tratamiento de residuos patogénicos y servicios mineros continúa con normalidad. El dirigente rechazó la justificación de la patronal, que atribuye las demoras a desembolsos del Estado provincial, y confirmó que se agregaron a las actuaciones administrativas denuncias por situaciones de maltrato laboral.
Tras semanas de incumplimientos, los trabajadores iniciaron medidas de fuerza, pero la Subsecretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria. El gremio cuestionó esta medida, argumentando que la empresa no presentó una propuesta firme de pago, lo que hace inviable cualquier instancia de diálogo.
El caso deja expuestos interrogantes sobre los controles estatales. Si las deudas laborales se remontan a 2024 y la empresa mantiene contratos con organismos públicos y privados bajo habilitaciones provinciales, surge la duda sobre qué mecanismos de fiscalización existen para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales de las compañías que operan en la provincia. Por el momento, no hay una respuesta oficial al respecto.
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