2026-08-21
POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA
El Gobierno nacional declaró a la ludopatía y el consumo de sustancias como prioridades sanitarias
A través del Decreto 771/2026, se modificó la Ley de Ministerios para incluir de forma expresa la prevención y el tratamiento de estas problemáticas. La medida responde al aumento de casos registrados en estudiantes secundarios durante el último año.
El Gobierno nacional formalizó este viernes la inclusión de la ludopatía y el consumo de sustancias psicoactivas como problemáticas prioritarias de salud pública. La medida se concretó mediante la publicación del Decreto 771/2026 en el Boletín Oficial, que modifica el artículo 23 de la Ley de Ministerios N° 22.520.
De acuerdo con el texto oficial, el Estado asumirá el diseño y la ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención, detección temprana, asistencia y rehabilitación de las personas afectadas por estos trastornos. El alcance de la norma abarca acciones de concientización, capacitación, investigación y abordaje integral en todo el territorio nacional.
La decisión responde a un incremento en los casos de ludopatía detectados en estudiantes del nivel secundario durante 2025. Estos datos fueron relevados por el Observatorio Argentino de Drogas, organismo dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas del Ministerio de Salud.
El decreto reconoce a la ludopatía como un trastorno caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de esta actividad pese a sus consecuencias negativas y el impacto progresivo en la salud mental, la economía familiar y el desempeño educativo o laboral de los pacientes.
Desde la cartera sanitaria nacional señalaron que este fenómeno presenta similitudes con otros consumos problemáticos en cuanto a sus mecanismos de desarrollo. Por este motivo, las estrategias preventivas y terapéuticas se integrarán al sistema de salud pública bajo los mismos criterios de atención que otras adicciones.
La implementación de estas políticas requerirá la articulación entre el Ministerio de Salud, las jurisdicciones provinciales y las instituciones educativas para garantizar el acceso a los tratamientos y reforzar los mecanismos de prevención en la comunidad.
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