Condenaron a cuatro años de prisión efectiva a un agente penitenciario por 53 estafas

Alejandro Esequiel Jofré fue condenado mediante un juicio abreviado. La investigación determinó un perjuicio de $264.395.400 y reconstruyó más de 180 operaciones. La mayoría de los damnificados eran agentes del Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Cosmos Fm

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La Justicia de San Juan condenó a Alejandro Esequiel Jofré a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de defraudación por engaño en 53 hechos, en concurso real, luego de una investigación desarrollada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La sentencia fue dictada después de que el juez Matías Parrón homologara el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa técnica del acusado. En ese marco, Jofré reconoció los hechos que se le atribuían y su autoría.

La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Heredia, determinó que Jofré se desempeñaba como agente del Servicio Penitenciario Provincial cuando ocurrieron los hechos y que desarrolló durante un período prolongado una maniobra mediante la cual obtenía dinero de compañeros de trabajo, familiares, amigos y otras personas a quienes ofrecía supuestas inversiones con elevados rendimientos. Según acreditó la Fiscalía, se presentaba como inversor y financista y sostenía esa imagen haciendo referencia a diferentes emprendimientos y negocios. Aseguraba desarrollar actividades relacionadas con la comercialización de harina, artículos de limpieza y materiales de construcción, además de operaciones financieras, préstamos a empresas y supuestos negocios con la Municipalidad de Angaco.

También exhibía vehículos, saldos bancarios y otros elementos con los que reforzaba ante los potenciales inversores una apariencia de solvencia y capacidad económica. Las propuestas incluían ganancias de hasta el 50% en períodos de entre 30 y 60 días, rendimientos muy superiores a los habituales del sistema financiero. Uno de los elementos que permitió sostener la maniobra fue que, inicialmente, Jofré efectuó en numerosos casos devoluciones de capital e intereses. De acuerdo con la investigación, esos pagos generaron confianza entre quienes habían entregado dinero y provocaron que algunas víctimas reinvirtieran o aumentaran las sumas aportadas.

La captación de nuevos inversores se produjo principalmente a partir de los vínculos laborales dentro del Servicio Penitenciario y mediante recomendaciones de personas que ya participaban de las supuestas inversiones. La Fiscalía logró acreditar 53 hechos independientes de estafa y un perjuicio económico total de $264.395.400. Las víctimas habían entregado en conjunto más de $323 millones, mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales y pagos en efectivo. Parte del dinero fue posteriormente restituido en diferentes operaciones, por lo que el perjuicio final determinado fue menor al total captado.

Entre los damnificados aparecen principalmente agentes penitenciarios y compañeros de trabajo del condenado, aunque la investigación también identificó como víctimas a policías, empleados municipales, comerciantes, profesionales, jubilados y familiares de otros afectados. El expediente permitió determinar además que algunas personas entregaron ahorros personales, dinero procedente de seguros o indemnizaciones y fondos que estaban destinados a proyectos familiares.

Otras solicitaron préstamos bancarios o utilizaron tarjetas de crédito para conseguir el dinero que posteriormente entregaron. Para reconstruir el movimiento de los fondos, el Ministerio Público Fiscal incorporó 53 denuncias y más de 180 comprobantes de transferencias bancarias y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales, además de conversaciones de WhatsApp, pagarés y otra documentación vinculada con las operaciones.

También fueron analizados informes de entidades financieras y organismos públicos. Esa documentación permitió establecer la titularidad y los movimientos de las cuentas utilizadas, reconstruir las transferencias efectuadas por los damnificados y, según informó el Ministerio Público Fiscal, comprobar la inexistencia de varias de las actividades comerciales y financieras que Jofré mencionaba como respaldo de sus propuestas. La investigación determinó que parte del dinero fue transferido a cuentas pertenecientes al propio condenado y que también se utilizaron cuentas de familiares, de su pareja y de terceros indicados por él. Cuando comenzaron los reclamos ante la falta de devolución de los fondos, Jofré dio distintas explicaciones para justificar los incumplimientos, entre ellas supuestos bloqueos o cierres de cuentas y problemas con entidades financieras.

Para establecer la pena, la Fiscalía tuvo en cuenta la cantidad de damnificados, el monto del perjuicio económico, la duración de la maniobra, la pluralidad de hechos, los mecanismos utilizados y el aprovechamiento de la confianza surgida de las relaciones laborales.

Como circunstancias atenuantes se consideraron la ausencia de antecedentes condenatorios, la edad del imputado, el reconocimiento de los hechos y su sometimiento al proceso.

Finalmente, el juez homologó el acuerdo y condenó a Jofré a cuatro años de prisión efectiva, además de imponer las accesorias legales y las costas correspondientes. La sentencia dispuso también mantener y actualizar las medidas cautelares patrimoniales hasta cubrir los $264.395.400 establecidos como perjuicio económico, con el objetivo de preservar las posibilidades de reparación de las víctimas.

Además, se ordenó el decomiso de los bienes que correspondan y la restitución de aquellos efectos secuestrados que puedan ser individualizados como pertenecientes a los damnificados.

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