2026-09-08
Justicia y Política
Impulsarán un juicio político contra la jueza que suspendió el nuevo régimen penal juvenil
La magistrada Marta Elba Pascual frenó por 60 días la aplicación de la norma en Buenos Aires, alegando falta de infraestructura. Desde La Libertad Avanza anunciaron que elevarán el pedido ante el organismo de enjuiciamiento, mientras la medida abre un debate sobre su alcance en todo el país.
Legisladores de La Libertad Avanza (LLA) anunciaron que promoverán un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada dispuso la suspensión provisoria por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La resolución responde a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Según el fallo, la jueza fundamentó la medida en la falta de recursos, infraestructura, lugares de alojamiento y personal especializado necesarios para incorporar a adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal bonaerense, tal como lo establece la Ley Nacional N° 27.801.
Desde el espacio político que lidera el Gobierno nacional cuestionaron el alcance de la cautelar. El presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sostuvo que la decisión busca frenar una norma ya aprobada por el Congreso. De prosperar la iniciativa, el pedido deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento.
La suspensión también generó respuestas dentro del Poder Judicial bonaerense. El fiscal del fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, declaró que la resolución carece de alcance general y anticipó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción. Argumentó que un juez no puede dejar sin efecto una ley para toda la provincia en un expediente concreto.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, se convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. En ese encuentro, los responsables de las áreas del poder ejecutivo provincial con injerencia en el tema deberán informar sobre las medidas tomadas o planificadas para la implementación de la ley, así como sus plazos.
Cabe recordar que la normativa nacional reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza Pascual, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria en áreas vinculadas a la niñez, aclaró en declaraciones recientes que no rechaza la reducción de la edad, pero advirtió que su aplicación exige dispositivos estatales que garanticen los estándares constitucionales durante la privación de la libertad.
La ley nacional incluye un artículo que invita a las provincias, incluida San Juan, a adecuar su legislación procesal penal a los nuevos parámetros. Por el momento, la implementación en el territorio bonaerense queda supeditada a la resolución de esta audiencia y a las definiciones que tome el organismo de enjuiciamiento.
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