2026-09-08
Justicia
Condenaron a un agente penitenciario por una estafa de 264 millones de pesos
Alejandro Ezequiel Jofré aceptó su responsabilidad mediante un juicio abreviado y recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva. Había captado fondos de 53 personas con la promesa de altos rendimientos.
El juez de Garantías, Matías Parrón, condenó a cuatro años de prisión efectiva al agente penitenciario Alejandro Ezequiel Jofré. La resolución se produjo tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la Fiscalía y la defensa técnica.
LAS FISCALES BLANCO Y LULUAGA ↑
LAS FISCALES BLANCO Y LULUAGA ↑
Jofré permanecerá detenido en la Comisaría Chimbasur, donde se encuentra bajo prisión preventiva desde hace un año, hasta que la sentencia quede firme. Una vez que la resolución adquiera firmeza, será trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario para cumplir el resto de la pena.
Según la investigación, el imputado se presentaba ante sus compañeros de trabajo como un inversionista con negocios externos. Alegaba ser propietario de una panadería y tener licitaciones de materiales de construcción con la Municipalidad de Angaco.
Bajo ese relato, ofrecía préstamos e inversiones con tasas de interés superiores a las del sistema bancario formal. En una primera etapa, Jofré cumplió con el pago de las ganancias prometidas para generar confianza. Sin embargo, al captar un volumen mayor de fondos, dejó de responder mensajes y comenzó a postergar los compromisos con diversas excusas.
La causa cuenta con 53 denunciantes y el perjuicio económico total asciende a más de 264 millones de pesos. Entre los damnificados figuran colegas del servicio penitenciario, familiares de estos y hasta parientes del propio imputado. Este es el primer antecedente penal de Jofré.
Por otro lado, las fiscales Gabriela Blanco y Julieta Luluaga confirmaron el sobreseimiento del padre de Jofré, la madre de sus tres hijos y su hermana. Aunque sus cuentas bancarias y billeteras virtuales recibieron algunas de las transferencias, la Fiscalía no encontró elementos suficientes para acreditar que hayan participado en el ardid o que tuvieran la intención de disponer de esos bienes en beneficio propio.
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