2026-09-14
JUSTICIA FEDERAL
Denuncian a empresas pesqueras por operar en el mar argentino con permisos británicos
La presentación fue realizada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7. Apuntan a compañías de origen español y sus sociedades mixtas por presunto contrabando y evasión de controles aduaneros en la Zona Económica Exclusiva.
La Justicia Federal en lo Penal Económico recibió este lunes una denuncia contra directivos y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales. La presentación apunta a aquellas que explotan recursos vivos marinos en el mar argentino utilizando autorizaciones emitidas por las autoridades británicas en las Islas Malvinas.
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway. La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano.
Según el escrito judicial, las maniobras de estas pesqueras configurarían el delito de contrabando. Los denunciantes sostienen que las actividades afectan el control aduanero y los recursos naturales ubicados dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
La presentación individualizó a varias corporaciones de origen español, específicamente de la región de Galicia, que operarían en conjunto con sociedades mixtas constituidas en Malvinas. Entre las empresas mencionadas se encuentran Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña.
De acuerdo con la denuncia, estas firmas extraerían la riqueza pesquera del territorio nacional para realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas directas en el puerto de Puerto Argentino. De este modo, omitirían deliberadamente la fiscalización de la República Argentina.
Los letrados señalaron la existencia de clandestinidad y engaño. Al ampararse en permisos otorgados por una potencia ocupante de facto, las empresas aplicarían un ardid para desviar e impedir que la aduana argentina controle las mercaderías, evitando el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.
La investigación judicial determinará ahora la viabilidad de las pruebas presentadas y los pasos a seguir en el marco de la causa.
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