2026-09-15
LEGISLATURA PROVINCIAL
Un diputado de San Juan Vuelve cuestionó el enfoque de la nueva ley penal juvenil
Mario Herrero argumentó que los adolescentes no tienen desarrollada la corteza prefrontal para controlar impulsos. Desde el oficialismo y el ámbito jurídico defienden la norma, asegurando que prioriza medidas socioeducativas y responde a la necesidad de dar respuestas judiciales proporcionales.
El diputado provincial Mario Herrero, del bloque San Juan Vuelve, expresó su rechazo a los criterios de la recientemente aprobada ley penal juvenil en la Legislatura de San Juan.
El legislador centró sus críticas en el enfoque de la norma, advirtiendo sobre sus implicancias en adolescentes de 14 a 16 años.
Herrero sostuvo, basándose en argumentos de las neurociencias, que la corteza prefrontal del cerebro humano, encargada de la regulación emocional y el control de los impulsos, termina de desarrollarse entre los 20 y 25 años. Por ello, consideró que los adolescentes de esa franja etaria no poseen esta facultad plenamente madura y actúan con menor capacidad de filtro que un adulto.
No obstante, desde los bloques que impulsaron la modificación legislativa se cuestionó esta interpretación como insuficiente para abordar la problemática. Se señaló que la nueva normativa no se centra exclusivamente en la privación de libertad, sino que establece un sistema de responsabilidad penal que prioriza las medidas socioeducativas y la reinserción, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, expertos en derecho penal juvenil remarcan que la edad de imputabilidad no se define únicamente por el desarrollo biológico, sino por un consenso jurídico que busca equilibrar la protección integral del adolescente con la obligación del Estado de responder ante delitos de alta complejidad. La ley aprobada contempla que la privación de libertad sea el último recurso, aplicable solo en casos excepcionales y por delitos graves.
El diputado también criticó a quienes promueven el "punitivismo" como solución a los problemas de convivencia, calificando esa postura como un apelamiento a impulsos primitivos de venganza. Recordó que la función del Estado es regular la justicia para evitar la venganza privada.
Frente a este planteo, los defensores de la ley argumentan que la falta de herramientas efectivas en el sistema anterior generaba una sensación de desprotección en la comunidad. La norma busca, según sus impulsores, una intervención temprana y proporcional del sistema de justicia, con un enfoque que combina la sanción con procesos educativos, lejos de un planteo meramente retributivo.
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