Argentina intimó al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas y anunció que recurrirá a un arbitraje internacional

El Gobierno le otorgó un plazo de dos semanas para impedir el inicio o continuidad de las actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto Sea Lion. Si no obtiene respuesta, anunció que avanzará con acciones internacionales. También ordenó procedimientos sancionatorios y denuncias por operaciones aéreas entre las islas y Punta Arenas.

Por Redacción Cosmos Fm

cosmos935@hotmail.com

El Gobierno argentino anunció este lunes nuevas medidas jurídicas y diplomáticas contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y otorgó un plazo de dos semanas para que se impida el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El objetivo anunciado por el Ejecutivo es impedir lo que considera una explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte y evitar el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de recursos naturales en las áreas en disputa.

En el comunicado, el Gobierno recordó que la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur e insta a las partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

También hizo referencia a la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, mediante la cual se instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el proceso recomendado por la Asamblea General.

En ese marco, el Ejecutivo argentino sostuvo que la explotación unilateral de recursos naturales en las áreas en disputa es contraria al derecho internacional y afecta los derechos de soberanía reclamados por la Argentina.

Según el documento difundido este 28 de septiembre, Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que, dentro de un plazo de dos semanas, adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación hidrocarburífera.

El Gobierno anticipó que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543, contempla en su Anexo VII un mecanismo mediante el cual una parte de una controversia puede iniciar un procedimiento de arbitraje mediante una notificación escrita dirigida a la otra parte.

El comunicado también cuestiona la respuesta británica a las declaraciones realizadas por Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas y rechaza la denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar”, además de reiterar el desconocimiento argentino del referéndum realizado en las islas en 2013.

Por otra parte, el Gobierno informó que detectó operaciones realizadas por la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y, según sostiene el comunicado, sin autorización de las autoridades argentinas.

A raíz de esa situación, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales que correspondan, además de las gestiones diplomáticas vinculadas al caso.

De esta manera, el Gobierno argentino anunció que avanzará simultáneamente por vías diplomáticas, administrativas y jurídicas en relación con las actividades desarrolladas en las áreas cuya soberanía permanece en disputa con el Reino Unido.

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