2026-10-06
AVIACIÓN COMERCIAL
Flybondi inició su concurso preventivo y la Justicia comenzará a cuantificar su deuda
La aerolínea presentó el pedido ante el fuero Comercial para reestructurar sus pasivos. El expediente incluye reclamos del Estado, proveedores, trabajadores y pasajeros por miles de millones de pesos.
Flybondi (FB Líneas Aéreas S.A.) presentó un pedido de apertura de concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24.
El objetivo de la empresa es reestructurar sus obligaciones financieras y operativas para evaluar su capacidad de continuar prestando servicios.
Con esta presentación, la Justicia deberá establecer el pasivo real de la compañía. Hasta el momento, los expedientes disponibles muestran un conjunto de obligaciones dispersas que el proceso tendrá que ordenar y verificar.
Entre los principales acreedores figura el Estado. Según los registros, la compañía enfrenta ejecuciones fiscales por parte de la ARCA que superan los $6.600 millones, en conceptos de obligaciones impositivas y de seguridad social.
A esto se suman reclamos de la ANAC por aproximadamente $1.500 millones, vinculados principalmente al impago de tasas de seguridad aeroportuaria.
El pasivo también incluye demandas de empresas proveedoras de servicios. Entre los mayores reclamos judiciales figuran el Hotel Presidente, por unos $660,7 millones, y la empresa de transporte La Nueva Metropol, por cerca de $186 millones. Otros proveedores, como Seal Siher y Li Azzurri, también iniciaron acciones legales que derivaron en medidas cautelares sobre los bienes de la aerolínea.
El proceso de verificación de créditos deberá, además, ordenar las obligaciones con el personal. Representantes de los trabajadores estiman que la situación impacta a alrededor de 1.000 familias, por conceptos de salarios, indemnizaciones y acuerdos de desvinculación. Asimismo, se acumulan reclamos de pasajeros por devoluciones y reprogramaciones derivados de las cancelaciones de vuelos registradas durante este año.
La justicia será la encargada de determinar la legitimidad y el monto de cada crédito.
A partir de esa fotografía financiera, la compañía deberá negociar con los distintos grupos de acreedores para definir la viabilidad de su continuidad en el mercado.
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