La reapertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y Malvinas anticipa una escalada entre Argentina y Chile

La primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de la naviera Easter Island Naviera, está prevista para noviembre. La embarcación abastecerá a los habitantes de las Islas Malvinas y restablecerá un servicio comercial regular con Puerto Argentino. Según informó la empresa, navegará por el Estrecho de Magallanes y no por el Mar de Drake, en estricto cumplimiento del derecho internacional.

Fuentes de inteligencia chilenas consultadas por BioBioChile calificaron como un posible "evento crítico" la eventual interceptación del Danstar por fuerzas argentinas una vez que el buque abandone el Estrecho de Magallanes. Hasta el momento no existe un anuncio oficial de Buenos Aires sobre una medida de ese tipo.

El marco legal que daría sustento a una eventual acción argentina es el Decreto 256/2010, firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner, que exige autorización previa a todo buque que se proponga navegar entre puertos continentales y las islas, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas con ese destino. La norma sigue vigente. El canciller Pablo Quirno la invocó implícitamente al referirse a "tratados vigentes" y anunciar que la Argentina "monitorea la situación" tras una misión comercial con empresarios británicos en Punta Arenas.

El marco jurídico

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar "en cualquier tiempo y circunstancias" el derecho de libre navegación de buques de todas las banderas en sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes. El Tratado de Límites de 1881 entregó a Chile la soberanía plena sobre ese paso y consagró la libre navegación.

Especialistas en derecho marítimo consultados por Infobae fueron categóricos: una interceptación carece de sustento jurídico. El derecho del mar reconoce cuatro regímenes de navegación —libre navegación en alta mar y en la zona económica exclusiva, paso inocente en el mar territorial y paso en tránsito en estrechos internacionales— y ninguno habilita a un Estado ribereño a detener un mercante que únicamente navega. El único instrumento disponible sería el derecho de visita, una inspección a bordo, pero su ejercicio requiere sospechas fundadas: tráfico de personas, narcóticos u otras causas específicas.

Los mismos especialistas interpretan el posicionamiento argentino en clave estrictamente diplomática: no apuntaría a la interrupción física de la navegación, sino a hacer valer acuerdos y declaraciones que apoyan el reclamo argentino en Malvinas.

Las posiciones de ambos gobiernos

Fuentes del gobierno argentino consultadas por Infobae descartaron que exista un conflicto en ciernes. "No hay nada; ellos están obsesionados", señalaron en relación a las preocupaciones desde Chile.

Desde Santiago, el ministro de Defensa de Kast, Fernando Barros, también descomprimió el escenario esta semana. "Todo barco que sale del Estrecho Magallanes, su navegación no puede ser restringida ni condicionada por nadie", declaró a La Tercera. Barros reconoció que los convenios internacionales habilitan la inspección de un buque si hay indicios de que transporta elementos prohibidos, pero encuadró esa posibilidad en el marco del derecho y no en consideraciones políticas.

Sobre la posibilidad de que Chile escoltara al Danstar, respondió que "no hay ningún antecedente que lo justifique". "Yo asumo que en el momento que salga un barco chileno con productos legales que va a las Islas Malvinas o a cualquier otro lugar, va a poder navegar conforme a la protección al paso inocente y a todas las normas que regula la navegación", sostuvo.

El único antecedente reciente de una interceptación real data de abril de 2024, cuando la Prefectura Naval Argentina detuvo al remolcador chileno Beagle, de la empresa Ultramar, mientras prestaba asistencia a un pesquero taiwanés que había zarpado de las islas.

Pedido de legisladores argentinos

Un grupo de legisladores argentinos envió el 29 de septiembre una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que sus gobiernos impidan que puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios sean utilizados para abastecer o facilitar las actividades de empresas que participen en la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y el Sándwich del Sur.

La misiva, firmada por más de una docena de senadores y diputados —entre ellos Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta y Eduardo "Wado" de Pedro—, invoca la Resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, y la Resolución 31/49.

El documento sostiene que "ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial" en la región.

El antecedente del decreto de 2021

En 2021, el entonces presidente Alberto Fernández firmó la Directiva de Política de Defensa Nacional, plasmada en el Decreto 457/2021, que definía al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como espacios donde Argentina debía fortalecer la "exploración, estudio y control conjunto". La formulación contradecía los tratados de 1881 y 1984 y provocó una protesta formal de Santiago.

Esa promesa incumplida fue uno de los temas de la cumbre Milei-Kast en Santiago de Chile. Como contraprestación del apoyo al reclamo de soberanía sobre Malvinas, hubo una declaración conjunta que reafirmó la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho. Días después, la senadora Patricia Bullrich incluyó "el control del Estrecho de Magallanes" entre los objetivos estratégicos de Argentina, lo que Santiago interpretó como una nueva provocación.

Declaraciones cruzadas y próximos pasos

El clima bilateral acumula episodios desde agosto. El 23 de ese mes, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, afirmó en un podcast que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" de Argentina. La Cancillería chilena envió una nota de protesta y el gobierno argentino reconoció que el Estrecho es chileno.

El pasado lunes, Quirno fue el orador principal en la cena por el 48° aniversario del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y, ante la mirada del embajador británico David Cairns y del embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera, señaló que la "conducta de cada país frente a esta causa definirá la profundidad del vínculo bilateral". Tras sus palabras, ambos diplomáticos se retiraron del evento.

El próximo lunes vence el plazo dispuesto por el gobierno argentino para que Reino Unido "adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina". A partir de allí, avanzará con el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare, destacó esta semana las "excelentes relaciones" con Chile, en especial en el sur, donde ambas armadas coordinan el seguimiento de la flota pesquera extranjera y realizan la Patrulla Antártica Naval Combinada.