2026-10-13
RECLAMO SOBERANO
El Reino Unido blindó legalmente la explotación petrolera en Malvinas frente a la ofensiva diplomática argentina
Londres invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para escudar a las empresas del proyecto Sea Lion. La medida se anuncia en respuesta a la presentación que realizó la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Londres invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para escudar a las empresas del proyecto Sea Lion. La medida se anuncia en respuesta a la presentación que realizó la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El gobierno del Reino Unido anunció la implementación de medidas legales para proteger la explotación petrolera en las islas Malvinas frente a las presiones económicas y diplomáticas de la Argentina. Para ello, invocó la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés) con el objetivo de blindar a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion.
La decisión se produce en simultáneo a la presentación formal que realizaron la Cancillería argentina y la Secretaría Legal y Técnica ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), solicitando medidas provisionales para detener las actividades extractivas y preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental.
La normativa británica permitirá prohibir que compañías y personas bajo su jurisdicción cumplan con leyes extranjeras que impongan sanciones por operar en el archipiélago. Además, impedirá que los tribunales británicos reconozcan sentencias foráneas contra estas actividades y habilitará a las empresas a reclamar daños económicos ante la justicia local. El Ejecutivo británico prevé que esta legislación secundaria entre en vigor antes de finales de año.
El proyecto Sea Lion, ubicado a 240 kilómetros al norte de las islas, es liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las empresas prevén desarrollar 23 pozos y estiman que la producción podría iniciar en 2028, alcanzando una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios. La actividad fue recientemente autorizada por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband.
Funcionarios británicos, como el secretario de Estado de Empresa y Comercio, Jonathan Reynolds, y el propio primer ministro, Andy Burnham, defendieron la decisión. Burnham afirmó haber planteado el asunto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró el respaldo "inquebrantable" a los isleños y a su voluntad de desarrollo económico, calificando los intentos argentinos de "intimidación" como inaceptables.
Por su parte, la solicitud argentina ante el TIDM formula cuatro requerimientos urgentes: la prohibición de nuevas actividades extractivas, la restricción en el uso de información técnica obtenida, la exigencia de que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos y la preservación de los derechos soberanos mientras se sustancia el procedimiento arbitral principal iniciado a fines de septiembre. Las decisiones provisionales de este tribunal son de cumplimiento obligatorio para los Estados involucrados.
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