2026-10-20
El mapa de las indemnizaciones se replantea:
El Gobierno frena el arranque del FAL y exige un año de acumulación previa
Postergan su entrada en vigencia hasta el 1° de diciembre. La medida, formalizada a través de un nuevo decreto en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional modifica sobre la marcha el calendario de implementación del régimen de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), postergando su entrada en vigencia hasta el 1° de diciembre. La medida, formalizada a través de un nuevo decreto en el Boletín Oficial, no solo corre la fecha de arranque, sino que también duplica el período de carencia: los empleadores deberán acumular recursos durante 12 meses consecutivos, en lugar de los 6 previstos en la normativa anterior, antes de que el fondo pueda responder por las obligaciones laborales.
Este esquema, diseñado para cubrir indemnizaciones y otras obligaciones derivadas de la finalización de contratos en el sector privado, se financiará mediante una contribución mensual patronal. Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) aportarán el 2,5% sobre la base de las remuneraciones, mientras que el resto de las compañías privadas integrará el 1%. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derivará estos recursos directamente a la cuenta del FAL que elija cada empleador.
La postergación responde a una alerta técnica del sector financiero y del mercado de capitales. Entidades representativas advirtieron que la complejidad operativa exige más tiempo para que organismos como el Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) ajusten sus sistemas informáticos, marcos regulatorios y procesos de control. El objetivo es garantizar que los fondos, que operarán como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros bajo la estricta supervisión de la CNV, arranquen con la solvencia y liquidez necesarias.
Al extender el período de carencia a un año completo, el Ejecutivo busca que estos vehículos de inversión construyan un patrimonio inicial sólido. La lógica es preventiva: evitar que el sistema deba afrontar prestaciones con una base de recursos insuficiente durante su etapa de lanzamiento, asegurando así la estabilidad financiera del nuevo mecanismo de protección laboral.
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