El Gobierno juega tres tableros en simultáneo por Malvinas: el Tribunal del Mar, una ley frenada y un aliado que complica

La estrategia oficial sobre Malvinas atraviesa un momento de tensiones cruzadas.

Tres frentes avanzan al mismo tiempo y ninguno termina de cerrarse: la ofensiva judicial internacional contra el proyecto petrolero Sea Lion, el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía que no logra dictamen en el Congreso, y un giro de Estados Unidos que, lejos de respaldar el reclamo argentino, apunta a debilitar una de las herramientas diplomáticas clave del país.

El Tribunal del Mar pone fecha

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, fijó para los días 10 y 11 de noviembre las audiencias por el pedido argentino de medidas provisionales contra el proyecto Sea Lion . La presentación se hizo después de que venciera el plazo de dos semanas que Buenos Aires le había dado a Londres para frenar las actividades de explotación.

El proyecto está a cargo de la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). El yacimiento se ubica a unos 220 kilómetros al norte de las islas y las empresas proyectan iniciar la producción comercial en 2028.

La Argentina no busca que el tribunal resuelva la soberanía de las islas, sino que evalúe si corresponde adoptar medidas urgentes mientras se tramita el arbitraje de fondo. El Reino Unido ya anticipó que participará del procedimiento, pero sostiene que las licencias otorgadas por las autoridades isleñas son válidas y que las actividades se desarrollan conforme al derecho internacional.

La ley que no logra avanzar

Mientras la diplomacia se juega en Hamburgo, el Congreso no logra destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La reunión conjunta de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que iba a buscar dictamen este martes, fue reprogramada para el 27 de octubre.

El problema no es solo la falta de votos. El texto, impulsado desde el entorno de Santiago Caputo, excede la cuestión Malvinas: incluye reformas a las leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia, crea un Consejo de Seguridad Nacional dependiente del Presidente y establece penas de hasta 12 años de prisión por "campañas de desinformación" que alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.

La oposición y varios aliados dialoguistas reclaman dividir el proyecto y tratar por separado el capítulo de sanciones a empresas, que es el que tiene consenso amplio. El artículo 111, el de las "campañas de desinformación", concentra los mayores reparos por su posible impacto sobre la libertad de expresión.

El aliado que complica

El tercer frente es el más incómodo. La semana pasada, la Argentina se abstuvo en una votación de la ONU contra el colonialismo. En esa misma instancia, Estados Unidos propuso disolver el Comité de Descolonización, el ámbito donde la Argentina presenta su reclamo de soberanía desde 1965.

Consultado sobre la propuesta, el vocero presidencial Adrián Ravier respondió que "está en análisis" . La respuesta generó fuertes críticas de la oposición. El excanciller Jorge Taiana sostuvo que "la abstención argentina en una votación tan importante ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las islas".

Fuentes diplomáticas citadas por medios nacionales advirtieron que la movida beneficia al Reino Unido, que tiene peso dentro del comité, y que la eventual disolución no eliminaría la resolución 2065 de la ONU, pero sí debilitaría en la práctica el foro donde la Argentina sostiene su reclamo.

Un balance provisorio

El Gobierno apostó a construir una ofensiva múltiple: presión judicial internacional, una ley de sanciones y un alineamiento con Washington que, en teoría, iba a traducirse en respaldo para la causa Malvinas.

Dos de esos tres pilares muestran fisuras. El tribunal de Hamburgo dará una señal en noviembre, pero no resolverá el fondo.

La ley sigue sin votos. Y el aliado que debía sumar presión es el mismo que ahora impulsa desmantelar el foro donde la Argentina litiga diplomáticamente desde hace seis décadas.