El Gobierno de Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de América Latina

El Gobierno nacional anunció este miércoles 21 de octubre la declaración como organizaciones terroristas de cinco grupos criminales y guerrilleros que operan en distintos países de América Latina. La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente de la República Argentina.

Las organizaciones alcanzadas por la medida son el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana, de México; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Colombia; y Los Tiguerones, de Ecuador.

De acuerdo con el comunicado difundido por Presidencia, el Gobierno dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión, según la información oficial, fue adoptada mediante un trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

En su fundamentación, el Ejecutivo describió al Cártel de Sinaloa como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el contrabando, los secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que fue designado como organización terrorista por otros países, entre ellos Estados Unidos.

Respecto de La Nueva Familia Michoacana, el comunicado la relaciona con el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, y advierte sobre su expansión regional.

En el caso de Los Tiguerones, el Gobierno señaló que se trata de una organización ecuatoriana vinculada al narcotráfico y al sicariato. Además, recordó que Los Chone Killers, otro grupo surgido de la fragmentación de Los Choneros, había sido designado como organización terrorista por Argentina en agosto de este año.

La comunicación presidencial también incluyó a las FARC-EP y al ELN, organizaciones guerrilleras colombianas a las que atribuyó antecedentes de violencia armada y violaciones a los derechos humanos. El Ejecutivo sostuvo que la expansión regional de sus estructuras representa un riesgo potencial para la seguridad argentina.

La incorporación al RePET constituye el eje administrativo de la medida anunciada. Este registro está vinculado con la identificación de personas y entidades relacionadas con actos de terrorismo y su financiamiento, y funciona como una herramienta dentro del sistema argentino de prevención y control.

Sin embargo, el comunicado no identifica las resoluciones específicas mediante las cuales se instrumentarán las designaciones ni detalla medidas operativas adicionales derivadas de la decisión.

En el cierre del documento, el presidente Javier Milei reafirmó el compromiso de su administración con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

El anuncio representa una nueva definición de la política de seguridad nacional frente a organizaciones que operan fuera del territorio argentino, aunque sus efectos concretos dependerán de la instrumentación administrativa y legal correspondiente.