Usura en Tartagal: investigan una red que prestaba al 310% anual y ya tiene decenas de víctimas

La Justicia de Salta puso la lupa sobre una presunta red de usura que operaba en Tartagal con préstamos "en el acto", "a sola firma" y "sin tantas vueltas". 

El dato que encendió la alarma

Lo que llamó la atención de la magistrada fue que un mismo prestamista pedía embargar sueldos, viviendas y vehículos de casi 40 personas. Al revisar los convenios, encontró tasas de 310% anual y casos en los que se exigía devolver hasta un 400% más de lo recibido. Un ejemplo: una joven de Villa Saavedra pidió $1 millón** y debía devolver **$4 millones.

Los delitos que se investigan

El fiscal Rafael Medina, del distrito Norte Tartagal, quedó a cargo de la investigación por posibles delitos de:

• Usura (artículo 175 bis del Código Penal).
• Intermediación financiera no autorizada (artículo 310 del C.P.).

Ambos agravados por la difusión en medios y plataformas digitales, donde se prometían préstamos fáciles y sin requisitos.

La jueza insistió y el fiscal aún no avanzó

Hernández Berni formalizó el pedido de investigación meses atrás ante el Procurador general, Pedro García Castiella. Ante la inacción del fiscal, en septiembre volvió a insistir y le pidió informes sobre allanamientos, secuestro de convenios y declaraciones de las víctimas, además de adjuntar los datos de las casi 40 personas afectadas.

La jueza fue clara: "Yo no soy jueza penal, por eso no puedo investigar la comisión de un delito como es la usura, pero al encontrarme con 34 pedidos de embargos formulados por la misma persona, la que reconoce que presta dinero sin ser una financiera, cuando veo los intereses astronómicos sin punto de comparación con los que cobra cualquier entidad financiera o bancaria, y más aún si esto se publicita, consideré que puede tratarse de delitos contemplados en el Código Penal".

El contexto que duele

La magistrada no desconoció la situación que atraviesan muchas familias: "Muchísimas familias recurren a los prestamistas para comprar alimentos, medicamentos y pueden perder su vivienda, su vehículo o cualquier bien que les ha llevado toda su vida conseguir porque pidieron un préstamo para abonar los servicios esenciales como luz, agua o gas".

Un antecedente que sigue impune

Meses atrás, un grupo de cooperativistas que reclamaban obras al municipio reveló el nombre y la dirección de la persona que les "cambiaba" los cheques que reciben del municipio —en realidad fondos provinciales— a un interés de hasta 45% por cada valor: si el cheque era de 10 millones, solo les reconocía 5,5 millones. A pesar de que la Justicia conoce el accionar del sujeto, no hubo actuación.