Los dólares del RIGI tardarán décadas en llegar: el informe que enfría las expectativas del Gobierno

Los 76.173 millones de dólares comprometidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no ingresarán de manera inmediata a la economía argentina. Aunque el Gobierno ya aprobó 27 proyectos de gran escala, los cronogramas presentados por las empresas muestran que los desembolsos se distribuirán durante las próximas décadas y que una parte de las inversiones recién se completará en 2056.

La principal conclusión surge de un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre la base de información del Ministerio de Economía. Según el informe, hasta 2035 se ejecutarán 51.314 millones de dólares, equivalentes al 67% del total aprobado. Esto significa que aproximadamente un tercio de los fondos comprometidos llegará después de esa fecha, lo que pone en perspectiva las expectativas sobre el impacto inmediato del régimen en el ingreso de divisas.

El calendario de inversiones hasta 2056

Los próximos años concentrarán el mayor volumen de desembolsos. Para 2026 se proyectan inversiones por 7.663 millones de dólares, mientras que en 2027 el monto ascendería a 7.930 millones. El punto máximo se alcanzaría en 2028, con 9.008 millones, antes de iniciar una trayectoria descendente.

A partir de ese pico, los desembolsos previstos comenzarían a moderarse. El informe estima 7.171 millones para 2029 y 6.212 millones para 2030. Durante los años siguientes, las inversiones se reducirían progresivamente hasta ubicarse alrededor de los 2.000 millones anuales hacia mediados de la próxima década.

La desaceleración será más marcada a partir de 2036. Según las proyecciones, los montos anuales caerán por debajo de los 1.000 millones desde 2046, mientras que el último desembolso previsto se registrará en 2056, por 228 millones. De esta manera, el calendario de ejecución de los proyectos se extenderá durante unos 30 años, aunque la mayor parte de los recursos se concentrará en su primera etapa.

Por qué las inversiones tardarán tantos años

La extensión de los plazos responde al funcionamiento del régimen creado por la Ley Bases 27.742, que combina exigencias de inversión inicial con flexibilidad para ejecutar el resto de los proyectos. La normativa establece un monto mínimo de inversión que, en términos generales, parte de 200 millones de dólares, y exige que las empresas concreten al menos el 40% de ese mínimo durante los primeros dos años desde la aprobación.

Sin embargo, esa obligación inicial no significa que las compañías deban completar el 40% de toda la inversión comprometida en ese período. La legislación permite que cada Vehículo de Proyecto Único (VPU) presente su propio cronograma plurianual, de acuerdo con las características y necesidades de la iniciativa. Por eso, algunos proyectos pueden extender sus desembolsos durante décadas.

Esta particularidad resulta especialmente importante en actividades como la extracción de hidrocarburos, la construcción de infraestructura energética y la minería. Son sectores que requieren grandes inversiones iniciales, pero también etapas prolongadas de desarrollo, ampliación y mantenimiento. En consecuencia, el monto total anunciado bajo el RIGI no equivale a una entrada inmediata de dólares, sino a compromisos de inversión distribuidos en el tiempo.

Petróleo, gas y minería concentran el 97%

La distribución sectorial de los proyectos muestra una fuerte concentración en actividades vinculadas con los recursos naturales. El petróleo y el gas reúnen inversiones comprometidas por 46.158 millones de dólares, mientras que la minería concentra otros 27.624 millones. En conjunto, ambos sectores representan aproximadamente el 97% del total aprobado bajo el régimen.

Esta concentración también se refleja en el mapa de las provincias beneficiadas. Neuquén encabeza el ranking con 23.744 millones, seguida por Río Negro, con 19.356 millones, y San Juan, con 13.510 millones. Entre las tres reúnen cerca del 74% de los fondos comprometidos, principalmente por los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la actividad minera.

Más atrás aparecen Catamarca, con 8.474 millones; Buenos Aires, con 4.961 millones; y Salta, con 3.508 millones. En el caso de Neuquén y Río Negro, el protagonismo responde fundamentalmente a los desarrollos de extracción, transporte y licuefacción de gas y petróleo asociados a la cuenca de Vaca Muerta, que requieren obras de infraestructura de gran escala.

El impacto en las importaciones

Aunque buena parte de los desembolsos todavía está pendiente, los proyectos aprobados comenzaron a generar movimientos concretos en el comercio exterior. De acuerdo con el Monitor de Proyectos del RIGI, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP, UBA-Conicet), las importaciones de bienes de capital e insumos específicos alcanzaron un récord mensual de 142 millones de dólares en octubre.

Desde enero de 2025, las compras al exterior vinculadas con estos desarrollos acumulan 700 millones. Hasta el momento, 16 de los 27 proyectos aprobados realizaron operaciones de importación de maquinaria, equipamiento o materiales necesarios para avanzar con sus inversiones. El dato refleja que la ejecución ya comenzó, aunque todavía se encuentra en una etapa inicial respecto del volumen total comprometido.

El principal protagonista de las operaciones recientes fue Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el consorcio petrolero que desarrolla infraestructura para ampliar la capacidad de exportación de hidrocarburos. Durante octubre, el proyecto importó estructuras flotantes y válvulas por 48,3 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los principales impulsores del movimiento comercial asociado al régimen.