Siete meses de prisión efectiva por agredir, amenazar y desobedecer órdenes judiciales contra su expareja

La Justicia de San Juan condenó a un hombre a siete meses de prisión de cumplimiento efectivo por distintos hechos de violencia intrafamiliar cometidos contra su expareja, entre ellos agresiones físicas, amenazas, violación de domicilio y reiterados incumplimientos de órdenes judiciales.

La sentencia fue dictada el 9 de noviembre de 2026, durante una audiencia en la que el juez de Garantías Eugenio Maximiliano Barbera homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal CAVIG, la investigación permitió acreditar una serie de episodios ocurridos entre septiembre y noviembre.

Durante ese período, el condenado se presentó en reiteradas oportunidades en el domicilio de su expareja, pese a que el Tercer Juzgado de Familia había dispuesto medidas de protección que le prohibían acercarse y realizar actos molestos o perturbadores.

De acuerdo con la información judicial, el hombre conocía esas restricciones, pero continuó incumpliéndolas.

En uno de los episodios investigados, amenazó de muerte a la mujer y la sujetó de los brazos, provocándole lesiones.

La investigación también documentó ingresos al domicilio de la víctima sin autorización y nuevos incumplimientos de las órdenes judiciales vigentes.

Estas conductas dieron lugar a una causa penal que incluyó distintos delitos, tanto por las agresiones y amenazas como por la desobediencia a las medidas de protección.

Finalmente, el acusado fue declarado penalmente responsable de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género —según la calificación jurídica de la sentencia—, dos hechos de amenazas simples, tres hechos de violación de domicilio y cuatro hechos de desobediencia a una orden judicial, todos en concurso real.

La pena establecida fue de siete meses de prisión efectiva, por lo que no se trata de una condena de ejecución condicional.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Pons Belmonte, con la intervención de las ayudantes fiscales Tamara Ruiz y Victoria Salinas, y la auxiliar jurídica Virginia Merlo.

La coordinación de las actuaciones correspondió a Alberto Martínez y Claudia Ruiz.

Uno de los aspectos centrales del caso es que los hechos continuaron pese a la existencia de restricciones judiciales destinadas a proteger a la víctima.

El comunicado oficial no identifica al condenado ni precisa el departamento donde ocurrieron los episodios.

Fuente: Ministerio Público Fiscal de San Juan, Unidad Fiscal CAVIG. Sentencia del 9 de noviembre de 2026.