2026-11-17

Judiciales | Caucete

Atacó a un adolescente de 13 años para robarle el celular en Caucete y obtuvo la suspensión del juicio a prueba

El menor fue interceptado cuando regresaba a su domicilio, golpeado en el rostro y despojado de su teléfono. La Justicia dispuso una suspensión del juicio a prueba durante un año, con una reparación económica simbólica de $50.000 y la prohibición de acercarse a la víctima. La medida no constituye una condena.

Un violento episodio de inseguridad ocurrido en el departamento Caucete, que tuvo como víctima a un adolescente de 13 años, derivó en una resolución judicial mediante la cual el acusado accedió a la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. La medida fue obtenida por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contempla el cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas una reparación económica simbólica y la prohibición de acercamiento al menor.

El hecho se produjo el 14 de agosto de 2026, alrededor de las 19, cuando el adolescente regresaba a su vivienda después de descender de un colectivo.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el menor caminaba por las inmediaciones de avenida Paula Albarracín de Sarmiento y calle Alem y, al llegar a la zona de calle Falucho, fue interceptado por un hombre.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el agresor lo tomó del cuello, lo arrojó al suelo y le propinó golpes en el rostro. Luego le sustrajo el teléfono celular y escapó del lugar.

La víctima tenía apenas 13 años al momento del ataque, que ocurrió mientras transitaba por la vía pública rumbo a su domicilio.

La denuncia fue presentada ese mismo día, aproximadamente 55 minutos después del hecho, lo que dio inicio a las actuaciones correspondientes y a la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Tras el avance del proceso, se alcanzó una solución alternativa mediante la suspensión del juicio a prueba, también conocida como probation, por el plazo de un año.

Entre las condiciones establecidas se encuentra una reparación económica simbólica de $50.000 y la prohibición de acercamiento a la víctima.

Esta resolución permite suspender el desarrollo del juicio mientras el imputado cumple las reglas de conducta fijadas judicialmente. No implica una declaración de culpabilidad ni equivale a una sentencia condenatoria.


Si las condiciones se cumplen durante el período establecido y se satisfacen los demás requisitos legales, la acción penal podrá extinguirse. En cambio, un incumplimiento puede dar lugar a la revocación del beneficio y a la continuación del proceso judicial.



La información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal no precisa si el teléfono celular fue recuperado, si el adolescente sufrió lesiones que requirieron atención médica ni cuáles fueron todas las reglas de conducta impuestas, además de las expresamente comunicadas.



Tampoco se difundieron detalles sobre la identidad del imputado ni sobre los fundamentos particulares que llevaron a admitir esta solución alternativa.

 



La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Paula Carena, junto con los ayudantes fiscales Pablo Quiroga y Juan Manuel García Castrillón, y el auxiliar Franco Juárez, integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.



El caso concluyó esta etapa procesal con una suspensión del juicio a prueba durante un año, período en el que el imputado deberá respetar las condiciones judiciales para conservar el beneficio otorgado.

 



Fuente: Información judicial de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Ministerio Público Fiscal de San Juan.

 

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