POLICIALES

Imputaron a un asesor legislativo por una red de explotación sexual infantil

José Aníbal Ricardo Villarreal está detenido junto a otras ocho personas. La Justicia de Córdoba lo acusa de grooming, abuso sexual agravado y trata de menores.
La investigación está a cargo de la fiscal Analía Cepede, titular de la Fiscalía múltiple de Dean Funes. Según detallaron fuentes judiciales, Villarreal fue imputado por grooming, abuso sexual agravado y trata de personas. De acuerdo con la acusación, el asesor habría facilitado el traslado y el sometimiento de las víctimas.
 
La causa se originó tras la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años en la localidad de Villa María de Río Seco. A partir de ese reporte, se activó un protocolo de búsqueda que permitió localizar a la adolescente en la provincia de Santiago del Estero.
 
Las víctimas del presunto entramado tienen trece y catorce años. De acuerdo con la investigación, los imputados aprovechaban la situación de vulnerabilidad de las menores. La mayoría de los detenidos se desempeñaba como remisero o chofer de aplicaciones irregulares en la zona.
 
Según explicó la fiscal, el contacto entre los adultos y las adolescentes no se realizaba a través de plataformas digitales, sino de manera informal. Los datos sobre las menores circulaban directamente entre los propios sospechosos.
 
Por la distribución de los delitos, el caso quedó dividido en dos jurisdicciones. La Justicia de Córdoba investiga los abusos cometidos en su territorio, mientras que las autoridades de Santiago del Estero intervienen en los hechos ocurridos en esa provincia.
 
En el ámbito político, Villarreal figuraba en la nómina de personal contratado de mayo de 2026, vinculado al bloque Hacemos Unidos por Córdoba. El legislador Ernesto Ramón Flores confirmó que el detenido realizaba tareas territoriales en la zona. Tras conocerse la detención, el dirigente solicitó la baja del asesor y aclaró que no formaba parte de su equipo personal directo.
 
La Fiscalía continúa indagando los vínculos entre los detenidos para determinar si existía una estructura formal de explotación y definir el nivel de organización de la presunta red.