Productores advierten que la relación con el Gobierno está rota
Crisis hídrica en San Juan
Regantes y cámaras agrícolas denuncian decisiones arbitrarias en la distribución de agua, más de $20.400 millones sin ejecutar y falta de gestión técnica; la tensión escaló hasta movilizaciones frente a la Casa de Gobierno y pedidos de auditoría en la Legislatura.
La crisis hídrica en San Juan se agrava y el sector productivo asegura que el vínculo con las autoridades está quebrado. Productores y regantes cuestionan la resolución del Consejo de Hidráulica que fijó la asignación en 653 hectómetros cúbicos, un volumen que consideran insuficiente para sostener cultivos clave y que, según referentes como Pablo Martín (Cámara Vitícola), carece de sustento técnico.
En los campos ya se registran pérdidas: riegos interrumpidos, cosechas afectadas y viñedos con granos secados antes de tiempo. La desesperación llevó a manifestaciones frente a la Casa de Gobierno y a la presentación de un pedido formal ante la Cámara de Diputados para que las comisiones de Hacienda, Control y Agricultura auditen la ejecución presupuestaria y convoquen a los funcionarios responsables.
Un punto central del conflicto es la presunta subejecución de partidas. Productores y regantes, con el patrocinio del abogado Arancibia, sostienen que hay más de $20.400 millones de fondos destinados al sistema hídrico que no se ejecutaron en los últimos dos años.
Según datos citados, la Cuenta 13 (Consenso Fiscal) ejecutó apenas el 26,4% en 2024 y 23,9% en 2025; la Cuenta 12, financiada con recursos propios de Hidráulica, alcanzó sólo 16,1% de ejecución en 2025. Para el sector, esa demora explica el deterioro de canales y la falta de obras y sistemas de medición que permitirían una gestión más previsora.
Con el diálogo prácticamente cortado, los regantes intimaron al Gobierno y demandan respuestas concretas: revisión técnica de la distribución hídrica, ejecución de obras necesarias y transparencia en el uso de los fondos.
En la Legislatura buscan avanzar con auditorías y control político; los productores advierten que, si no hay cambios, la sostenibilidad de la producción y el impacto económico y social en la provincia estarán en riesgo.