ATAP asegura que no puede afrontar el aumento salarial de los choferes y reclama una respuesta del Gobierno

El conflicto del transporte público en San Juan continúa sin una solución y sumó un nuevo planteo por parte de los empresarios.

Desde la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) aseguraron que las compañías no cuentan con los recursos necesarios para afrontar el aumento salarial acordado con los choferes y reclamaron la intervención del Gobierno provincial para revisar el financiamiento del sistema.

Las declaraciones se conocieron este jueves 8 de octubre, mientras representantes empresariales y sindicales participaban de una reunión en la Subsecretaría de Trabajo, en medio de una medida de fuerza que afecta a miles de usuarios.

Ricardo Salvá, representante de ATAP, sostuvo que las empresas vienen solicitando desde hace meses una mesa técnica con el Gobierno para analizar los costos del servicio. Según explicó, realizaron un pedido formal el 17 de junio y reiteraron el reclamo durante septiembre, sin obtener una instancia de diálogo. Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el mecanismo de compensaciones tarifarias.

Salvá afirmó que apenas uno de cada diez pasajeros paga el boleto completo de $1.300, mientras que los demás utilizan beneficios tarifarios cuyos importes son posteriormente compensados por el Estado.

De acuerdo con su explicación, esas compensaciones pueden demorar entre 60 y 70 días en llegar a las empresas, lo que genera dificultades para afrontar los gastos corrientes.

El dirigente empresarial estimó que las compañías acumulan un perjuicio económico de aproximadamente $5.016 millones. También aseguró que deben recurrir a descubiertos bancarios y créditos para sostener su funcionamiento, con un costo financiero que rondaría los $200 millones mensuales en intereses.

A esta situación se sumarían obligaciones correspondientes a planes de pago ante ARCA y una necesidad adicional de unos $400 millones para cubrir incrementos de costos registrados desde la última actualización, entre ellos el combustible.

Salvá reconoció que las empresas tienen la obligación de pagar los salarios, pero insistió en que actualmente no disponen de los fondos necesarios para afrontar el incremento acordado.

El representante de ATAP también cuestionó a la Secretaría de Transporte provincial, a la que atribuyó presuntos incumplimientos del contrato de concesión.

En ese sentido, reclamó que el organismo participe de las negociaciones y sostuvo que la discusión debe abordar el funcionamiento económico del sistema, más allá del conflicto laboral. Mientras continúa la medida de fuerza, miles de usuarios deben buscar alternativas para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos y otras actividades.

Respecto de una posible solución durante la jornada, Salvá manifestó su expectativa de alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que el problema requiere una revisión más amplia del financiamiento del transporte público.

Las cifras y los cuestionamientos al Gobierno corresponden a declaraciones del representante de ATAP difundidas por Diario de Cuyo.

La información disponible no incluye una respuesta oficial de la Secretaría de Transporte a esos planteos.