2026-04-24
Fallo histórico
La Justicia ordenó rematar propiedades de los condenados por corrupción en obras públicas hasta cubrir $684 mil millones
Casación confirmó el embargo de bienes de Cristina Kirchner y Báez
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad y habilitó la vía para que el Estado ejecute el embargo sobre el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados. La medida, que alcanza también a propiedades transferidas a Máximo y Florencia Kirchner, busca hacer efectiva la reparación económica por más de 684.000 millones de pesos.
Un precedente clave en la lucha contra la corrupción
En una decisión que marca un antes y un después en la jurisprudencia penal argentina, el tribunal de Casación estableció que los activos derivados de actos ilícitos pueden ser incautados incluso si fueron transmitidos a terceros o heredados. Este criterio refuerza la posibilidad de que el Estado recupere efectivamente los fondos sustraídos, más allá de las estrategias patrimoniales utilizadas para ocultarlos.
La resolución, adoptada por mayoría, confirmó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el remate de inmuebles, vehículos y fondos bancarios para garantizar el cumplimiento de la sentencia condenatoria.
¿Qué bienes están en la mira?
El operativo de ejecución alcanza un amplio espectro patrimonial:
|
Detalle
|
|
|---|---|
|
Inmuebles
|
141 propiedades, incluido el departamento de San José 1111 donde CFK cumple arresto domiciliario
|
|
Vehículos
|
46 automotores vinculados a los condenados
|
|
Fondos en efectivo
|
USD 4,6 millones en cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.000 en el Banco Galicia
|
|
Empresas
|
Austral Construcciones y otras firmas consideradas instrumentos de la maniobra
|
El debate por los bienes heredados
Uno de los puntos más controvertidos del fallo fue la inclusión de propiedades que Máximo y Florencia Kirchner recibieron por vía sucesoria. Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que el decomiso procede aunque los bienes estén en manos de terceros no condenados, siempre que hayan sido adquiridos de forma gratuita y su origen esté ligado al delito.
"Carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos", afirmó Hornos en su voto.
En disidencia parcial, el juez Mariano Borinsky advirtió sobre la necesidad de acreditar con mayor rigor el vínculo directo entre cada bien y la maniobra corrupta, proponiendo excluir del embargo las propiedades heredadas por los hijos de la exmandataria.
La postura de la defensa y el Ministerio Público
Los abogados de los condenados argumentaron que los bienes señalados no formaban parte del patrimonio de los acusados al momento de los hechos, y que Máximo y Florencia Kirchner —quienes no fueron procesados en la causa— no deberían verse afectados por medidas derivadas de un juicio en el que no fueron partes.
Por el contrario, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola enfatizaron que, a la fecha, ninguno de los condenados ha abonado monto alguno en concepto de reparación, a pesar de haber vencido los plazos establecidos. En su dictamen, calificaron esta actitud como "una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley".
Contexto de la condena original
Cristina Fernández de Kirchner fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración. Junto a ella, fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, y una decena de exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la provincia de Santa Cruz.
Te puede interesar