2026-05-03
Implicado un exdiputado y empresario de La Rioja
Denuncian presunta estafa millonaria en el sector transportista
El caso derivó en la pérdida de unidades, endeudamiento financiero y una profunda crisis personal.
Una familia de la provincia de San Juan formalizó una denuncia por una presunta maniobra fraudulenta en el ámbito del transporte de cargas, en la que señalan como principal responsable al exdiputado y empresario de La Rioja, Mario Guzmán. Según el relato de los damnificados, el caso derivó en la pérdida de unidades, endeudamiento financiero y una profunda crisis personal.
El origen de la sociedad comercial
Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando Emanuel Escudero, un transportista con más de una década de experiencia en el rubro, decidió emprender un negocio propio. El contacto con Guzmán se produjo a través de Marcelo Garay, tío de Escudero, quien actuó como nexo inicial y posteriormente también es mencionado en la denuncia por su participación en el desarrollo del conflicto.
De acuerdo con la presentación judicial, Guzmán propuso conformar una sociedad bajo los siguientes términos: él aportaría las unidades de transporte, mientras que Escudero se haría cargo de la gestión operativa, logística y comercial. La distribución de beneficios se establecería en un 60% para el inversor y un 40% para el operador. Confiando en el proyecto, Escudero renunció a su empleo formal, destinó su indemnización laboral y comenzó a trabajar con vehículos que, según afirma, presentaban deficiencias mecánicas desde el inicio.
Operaciones inmobiliarias y aporte de capital
Hacia junio de 2024, ante los primeros signos de rentabilidad, Escudero y su familia tomaron la decisión de vender su automóvil particular con el objetivo de adquirir una unidad propia. En ese contexto, Guzmán le habría sugerido comercializar dos semirremolques térmicos de su propiedad que se encontraban inactivos, ofreciéndole una comisión que le permitiera incrementar su capital de trabajo.
Escudero gestionó íntegramente la venta: publicó los equipos, negoció con potenciales compradores y concretó la operación por un monto superior al estimado, reuniendo aproximadamente 73 millones de pesos entre ambas unidades.
Con esos fondos, sumados a recursos propios —incluida la venta de su vehículo, pagos en efectivo y financiamiento en cuotas—, logró adquirir un camión que, en principio, sería de su propiedad exclusiva. No obstante, la denuncia sostiene que Guzmán lo persuadió para incorporar dicho vehículo al patrimonio de la sociedad, quedando Escudero registrado únicamente como cotitular.
Posteriormente, avanzaron en la compra de un cuarto rodado, un Iveco, en el cual Escudero también habría realizado aportes económicos, incluyendo cheques percibidos como comisión por la venta de los térmicos. Sin embargo, al momento de formalizar la documentación registral, Guzmán figuró como único titular del bien.
Crecimiento de la flota y deterioro de la relación
Con el transcurso de los meses, la estructura operativa llegó a contar con al menos cuatro camiones en circulación, más un quinto vehículo —un Volkswagen— enviado por Guzmán en condiciones precarias, que demandaba inversiones constantes en mantenimiento.
Durante este período, Escudero asumió de manera simultánea las funciones de conductor, administrador, mecánico y gestor comercial. Según testimonios recabados, su carga laboral era extenuante, mientras que Guzmán, según la denuncia, se limitaba a exigir rendiciones de cuentas y transferencias monetarias, sin participar en la gestión cotidiana.
La tensión se incrementó cuando Escudero insistió en regularizar jurídicamente la sociedad. A partir de ese momento, aseguran que Guzmán adoptó una postura hostil, rechazó propuestas de profesionales contables y finalmente habría planteado un esquema de distribución de activos que lo beneficiaba ampliamente en detrimento de su socio operador.
También se señala a Marcelo Garay por haber acompañado estas decisiones y ejercido presiones, además de reclamar compensaciones económicas por haber facilitado el vínculo inicial.
Presiones económicas y ruptura del acuerdo
Según el relato presentado, durante varios meses Escudero fue instado a cubrir gastos que no le correspondían contractualmente: reparaciones vehiculares, pagos a terceros y transferencias recurrentes de dinero. En más de una oportunidad, familiares debieron enviar fondos para sostener la continuidad operativa.
Paralelamente, se realizaron inversiones en alquiler de semirremolques, adquisición de repuestos y mejoras en las unidades, muchas de ellas respaldadas por comprobantes que, según los denunciantes, obran en su poder.
El punto de quiebre se produjo en febrero de 2025, cuando Guzmán comunicó la disolución unilateral de la sociedad y retiró las unidades. En ese marco, también se apunta contra los conductores Jorge Ochoa y Bustos, a quienes se acusa de haber participado en acciones que perjudicaron económicamente a Escudero, incluyendo la sustracción de vehículos y la interrupción en el cobro de fletes.
Situación actual y vías legales
Tras la ruptura, la familia quedó expuesta a obligaciones pendientes: deudas por combustible, alquiler de equipos, cheques emitidos y compromisos financieros asumidos. Además, enfrentan reclamos judiciales y notificaciones extrajudiciales.
También denuncian intentos de apropiación indebida de un camión en el que Escudero figura como titular registral, así como inconsistencias en la documentación de otros rodados.
El impacto emocional fue significativo. Según indicaron, Escudero atravesó un cuadro de depresión severa derivado de la situación.
Pese a haber intentado radicar la denuncia en múltiples oportunidades, aseguran que inicialmente el caso fue caratulado como un conflicto de naturaleza civil. No obstante, sostienen contar con elementos probatorios contundentes: mensajes de texto, audios, transferencias bancarias, cheques y documentación mercantil, que acreditarían tanto sus aportes económicos como las maniobras que denuncian.
Además de Guzmán, la familia dirige sus acusaciones contra Marcelo Garay y los choferes involucrados, a quienes responsabilizan por lo que describen como una operación que los dejó sin activos, sin ingresos y con múltiples pasivos.
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