Imputan a cinco personas por un presunto fraude en la compra de computadoras para la Policía

La UFI de Delitos Especiales formalizó la causa por una operación de 90 millones de pesos. Según la investigación, el equipamiento secuestrado no cumple con la calidad pactada y se busca rastrear el destino del dinero.

Cinco personas fueron imputadas por un presunto delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en el marco de la compra de equipamiento informático para la Policía de la Provincia. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, involucra una operación por 90 millones de pesos abonados en mayo de 2023.

↑ GINSBERG

De acuerdo con lo informado por el fiscal Roberto Ginsberg, los imputados son tres efectivos policiales que integraron la comisión de recepción, un ingeniero de la Secretaría de Seguridad de apellido Fava y la apoderada de la empresa proveedora, SSH Emprendimientos. A los efectivos se les atribuye, en concurso ideal, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por Luis Martínez, quien se desempeñaba como jefe de la Policía de la Provincia al momento de los hechos.

Según detalla la investigación, en julio de 2025 la representante de la empresa informó que las máquinas se encontraban en un depósito de Avenida Rawson. Este espacio pertenecía a una firma distinta a la proveedora original. Tras esta información, se realizó un allanamiento y secuestro del material.

Una pericia informática, realizada por el Ministerio Público con intervención de la Fiscalía de Estado, confirmó que si bien la cantidad de equipos coincidía con lo comprado (150 computadoras y 10 tablets), la calidad técnica, específicamente en capacidad de almacenamiento, no era la pactada.

Desde la fiscalía sostienen como teoría del caso que las computadoras podrían haber sido trasladadas al depósito con posterioridad a la compra y al inicio de las averiguaciones, en un intento por simular el cumplimiento del contrato.

El fiscal Ginsberg confirmó que se concedió un plazo de un año para la investigación penal preparatoria. Por el momento, las medidas de coerción impuestas consisten en la promesa de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, aunque podrían modificarse. Las penas previstas para estos delitos oscilan entre uno y seis años de prisión.

Respecto al destino de los fondos, la fiscalía indicó que aún no se determinó dónde fue a parar el dinero. Se espera la autorización judicial para solicitar el levantamiento del secreto bancario y rastrear el circuito financiero de la operación.

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