Milei anunció nuevas sanciones por la explotación de recursos en Malvinas y una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional un conjunto de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y la protección de los recursos naturales del Atlántico Sur, en momentos en que avanza el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Acompañado por su Gabinete, Milei sostuvo que la cuestión Malvinas debe ser considerada una política de Estado y anticipó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de proyectos, además de avanzar mediante una reglamentación de la legislación actualmente vigente y aumentar los recursos destinados al Ministerio de Defensa. 

El mandatario afirmó que la Argentina debe recurrir a herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender su posición y sus recursos. En ese contexto, señaló que desde hace décadas las Naciones Unidas reclaman a la Argentina y al Reino Unido abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras permanece pendiente la controversia de soberanía. El Gobierno argentino considera que la explotación de hidrocarburos en el área constituye precisamente una acción unilateral. 

El eje inmediato del anuncio fue el proyecto Sea Lion, desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. El yacimiento se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas y fue descubierto en 2010. Actualmente Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. 

Las compañías comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera fase. Según la información recopilada por Infobae, esa etapa contempla una inversión total cercana a USD 1.800 millones, con una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el comienzo de la extracción previsto para 2028. Las estimaciones citadas sobre los recursos recuperables rondan los 819 millones de barriles. 

La Cancillería argentina ya había rechazado el desarrollo al considerar que las empresas carecen de autorización nacional para explotar recursos en un área sometida a una disputa de soberanía. El Gobierno también recordó que Rockhopper fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años mediante una resolución de 2012, mientras que Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. 

Frente a este escenario, una de las primeras decisiones anunciadas por Milei consiste en reglamentar la Ley 26.659, normativa que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
La reglamentación establecerá que los distintos organismos estatales que detecten posibles incumplimientos deberán remitir la información a la Cancillería, con el objetivo de que pueda impulsar las sanciones correspondientes.

 También se establecerá un procedimiento para coordinar y acelerar la actuación de las distintas áreas del Estado. 

Otro cambio será la incorporación de declaraciones juradas en determinados trámites vinculados con la actividad hidrocarburífera y con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El objetivo declarado es impedir que accedan a determinadas actividades o beneficios empresas involucradas en explotaciones sobre la Plataforma Continental Argentina que no reconozcan la jurisdicción argentina.
Pero el Gobierno pretende ir más allá de la reglamentación existente. Milei anunció que enviará al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, entre otros puntos, modificará la Ley 26.659.
La reforma buscará endurecer las sanciones actualmente previstas y ampliar su alcance. De acuerdo con lo anunciado por el Presidente, determinadas consecuencias penales y administrativas podrán alcanzar no solamente a las compañías que desarrollen directamente actividades hidrocarburíferas cuestionadas por Argentina, sino también a empresas que les presten servicios. 

Esto implica una diferencia importante entre las medidas anunciadas: una parte puede avanzar a través de la reglamentación de normas vigentes, mientras que las modificaciones legales deberán ser debatidas y aprobadas por el Congreso antes de entrar en vigor.
El proyecto anunciado contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Según explicó Milei, el organismo tendrá como objetivo definir una política de seguridad nacional que pueda aplicarse transversalmente entre diferentes áreas del Estado.

El Gobierno pretende que esa estructura permita coordinar la actuación en materia de defensa de la soberanía y del territorio nacional y que también forme parte de la estrategia argentina relacionada con la recuperación de las Islas Malvinas. 

El paquete legislativo incluirá, además, un régimen destinado a proteger las denominadas infraestructuras críticas y un marco específico de protección aeroespacial y marítima.

La intención expresada durante la cadena nacional es integrar en una misma estrategia áreas que tradicionalmente funcionan con competencias diferentes. Milei mencionó específicamente a Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía como organismos que deberían actuar de manera coordinada. 

Otro de los anuncios centrales fue la decisión de ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades nacionales en materia de telecomunicaciones.

Según explicó el mandatario, la base apunta a convertir a la Argentina en un centro logístico relevante en el Atlántico Sur y reforzar la proyección del país sobre una región considerada estratégica. 

El anuncio se produce además en un escenario de creciente atención internacional sobre el Atlántico Sur. El proyecto Sea Lion se prepara para avanzar hacia su etapa productiva y, según información publicada por el medio británico The Telegraph y recogida por Infobae, las compañías proyectan comenzar las perforaciones en los próximos meses y producir petróleo desde comienzos de 2028. 

La posición oficial argentina sostiene que esas actividades contradicen las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa. El propio Ministerio de Defensa recuerda que la Constitución Nacional reivindica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, estableciendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía —respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional— como un objetivo permanente e irrenunciable. 

El Gobierno ya había endurecido públicamente su posición frente al proyecto petrolero. El pasado 2 de abril, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Milei había advertido que Argentina respondería mediante medidas diplomáticas para proteger sus derechos e intereses frente a las inversiones de Rockhopper y Navitas en la Cuenca Malvinas Norte. En aquella oportunidad también reiteró el llamado a alcanzar una solución pacífica mediante el diálogo con el Reino Unido. 

La cadena nacional se produjo, además, un día después del encuentro entre Milei y el presidente chileno José Antonio Kast en Santiago.

En el comunicado conjunto difundido el 3 de septiembre, Chile reiteró su respaldo a los derechos de soberanía reclamados por Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y pidió que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para alcanzar una solución pacífica. El documento también hizo referencia a las actividades hidrocarburíferas y pesqueras desarrolladas unilateralmente en la zona en disputa. 

En su mensaje, Milei buscó presentar las medidas como una estrategia que trascienda a su administración y definió a Malvinas como una causa nacional antes que partidaria.

El alcance efectivo del paquete dependerá ahora de dos caminos diferentes: por un lado, de las medidas administrativas y reglamentarias que puede instrumentar el Poder Ejecutivo; por otro, del tratamiento que el Congreso otorgue a las reformas legislativas anunciadas. A esto se sumará el desarrollo presupuestario y operativo necesario para concretar la Base Naval Integrada y las nuevas capacidades de Defensa.

De esta manera, el Gobierno coloca en el centro de su estrategia sobre Malvinas no solamente el reclamo diplomático de soberanía, sino también la explotación de recursos naturales, el régimen de sanciones a las empresas involucradas, la coordinación de los organismos nacionales y una mayor presencia logística y militar argentina en el Atlántico Sur.