2026-09-04
POLÍTICA EXTERIOR Y ENERGÍA
El Gobierno notificó a 180 empresas que operan en Malvinas sobre posibles sanciones
El canciller Pablo Quirno anunció que las compañías hidrocarburíferas y sus proveedores deberán elegir entre mantener sus actividades en las islas o enfrentar restricciones en la Argentina. Se prepara un decreto reglamentario y un proyecto de ley para ampliar el alcance de las medidas.
El Gobierno nacional notificó a un universo de 180 empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sobre la posibilidad de enfrentar sanciones si mantienen sus operaciones en el archipiélago. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones.
De acuerdo con el funcionario, la medida forma parte de una estrategia para desincentivar la inversión en un territorio en disputa. Las empresas y sus proveedores de servicios —incluyendo sectores financieros, de seguros y logística— deberán optar entre continuar con esas operaciones o asegurar su presencia en el mercado argentino bajo el marco de seguridad jurídica local.
Quirno explicó que se impulsará un decreto reglamentario para dar celeridad a estas sanciones, ampliando el alcance de la Ley 26.659. Esta norma, sancionada en 2011, ya prohibía operar en la Argentina a las compañías petroleras que exploten recursos en Malvinas, pero el Ejecutivo busca actualizar su aplicación ante el actual contexto energético del país.
Además, el Gobierno prevé enviar al Congreso un proyecto para modificar dicha ley. Según detalló el canciller, la iniciativa busca otorgar "mayor amplitud sancionatoria" y, al mismo tiempo, establecer mecanismos que permitan a las compañías regularizar su situación. De este modo, podrían dejar de operar en las islas sin quedar excluidas de forma definitiva del sistema comercial argentino.
Las notificaciones a las empresas involucradas se realizaron la semana pasada. Este paso marca el inicio de los instrumentos anunciados por el Poder Ejecutivo para intervenir ante proyectos de exploración y explotación de recursos en las aguas que rodean al archipiélago.
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