El Gobierno demora sanciones a empresas por Malvinas en medio de diferencias internas

La Cancillería aún no dictó resoluciones definitivas sobre los 60 procedimientos administrativos abiertos en septiembre contra personas y compañías vinculadas a actividades económicas en las Islas Malvinas.

El 4 de septiembre la Oficina del Presidente informó el inicio de actuaciones contra 45 sujetos por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después se sumaron otros 15, entre empresas, accionistas y proveedores relacionados con operaciones hidrocarburíferas en el archipiélago. Hasta el momento, esos expedientes no se tradujeron en sanciones firmes.

Fuentes oficiales indicaron que el trámite se maneja de forma reservada entre la Secretaría de Malvinas y la Secretaría Legal y Técnica. La normativa vigente permite inhabilitar por períodos de entre cinco y veinte años a quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. El Decreto 868/2026, publicado en septiembre, designó a Cancillería como autoridad de aplicación y fijó plazos para los descargos.

El Gobierno busca ampliar esas facultades con la nueva ley enviada al Congreso el 17 de septiembre. El proyecto contempla sanciones más amplias, que alcancen también la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, e incluye restricciones comerciales. Sin embargo, el avance legislativo se demora por desacuerdos en torno al Consejo de Seguridad Nacional que propone crear la iniciativa.

Ese organismo estaría presidido por el Presidente e integraría a representantes de varias áreas del Ejecutivo. Bloques aliados reclaman incorporar mecanismos de control parlamentario y representantes de Diputados y del Senado. Según fuentes involucradas en las negociaciones, las últimas modificaciones no lograron el respaldo necesario.

En paralelo, el Gobierno presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el proyecto de hidrocarburos Sea Lion. Las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre.

El Ejecutivo mantiene que la ley es una prioridad, aunque reconoce que las diferencias internas y las conversaciones con Estados Unidos sobre el alcance de posibles sanciones a compañías con intereses indirectos condicionan el calendario. Mientras tanto, Cancillería continúa con los procedimientos administrativos abiertos en septiembre.