Tensión Judicial en la Causa Contra el intendente José Castro

La Defensa Solicita Nulidad, la fiscalía se opone

Terremoto político en Angaco, continuará el 20 de Marzo.
06/03/2026

En una audiencia determinante celebrada este viernes en los Tribunales, el intendente de Angaco, José Castro, se enfrentó a un nuevo capítulo en su proceso judicial. Castro, acusado de presunta malversación de fondos públicos, defendió el acuerdo de conciliación aprobado por el Concejo Deliberante ante los jueces.

La fiscal Silvina Gerarduzzi, sin embargo, se opuso firmemente a esta propuesta, destacando la gravedad del caso.

Durante la audiencia, la defensa de Castro, liderada por el abogado Marcelo Fernández, solicitó la nulidad del procedimiento impulsado por el Ministerio Público Fiscal. Fernández argumentó que el proceso no debería continuar hasta que se aclarase la validez del acuerdo legislativo, que busca resolver el conflicto penal.

El abogado expresó su sorpresa por la rapidez con la que se activó la denuncia penal tras la aprobación del acuerdo entre las partes, sugiriendo que esto planteaba dudas sobre la legalidad y honestidad del enfoque adoptado.

Por su parte, la fiscal Gerarduzzi insistió en que el caso no admite alternativas como la conciliación, argumentando que afecta el normal funcionamiento del Estado. Destacó que permitir tales acuerdos podría crear un precedente de impunidad en delitos de corrupción, lo que resultaría muy perjudicial para la confianza pública.

Conscientes de la tensión en el ambiente, los jueces decidieron fijar una nueva audiencia para el 20 de marzo, momento en el que se espera que se tomen decisiones clave respecto a la validez del acuerdo y la continuidad del proceso judicial.

El conflicto se originó cuando Castro propuso donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como medida para reparar el daño causado, un acuerdo que fue aprobado por la mayoría oficialista del Concejo. La situación sigue generando un intenso debate sobre la ética y la legalidad en el manejo de los fondos públicos, y el impacto institucional de permitir tales conciliaciones en casos de corrupción.