Juicio al intendente José Castro queda suspendido y sin fecha

El Tribunal de Juicio decidió postergar indefinidamente el inicio del proceso contra José Castro, intendente de Angaco, quien estaba acusado de presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y fraude contra la administración pública. La resolución, adoptada por los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h), dejó la causa principal sin fecha hasta que se defina otra investigación conexa.

La investigación central se refiere a hechos de 2019, cuando Castro —en su gestión anterior— habría destinado maquinaria y personal municipal a tareas en un predio privado en Chimbas. Sin embargo, la continuidad del juicio quedó supeditada a una denuncia presentada por la fiscal Silvina Gerarduzzi ante la UFI de Delitos Especiales, que investiga el convenio firmado por el intendente con tres concejales de Angaco —Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes— mediante el cual se acordó un pago de 5 millones de pesos en concepto de reparación para extinguir la acción penal.

La fiscalía considera que ese acuerdo podría encuadrar delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario, y lo define como un posible “pacto de impunidad” por pretender resolver penalmente un conflicto que correspondería al ámbito judicial. En contraposición, la defensa —a cargo del abogado Marcelo Fernández— sostuvo que la suspensión busca esperar la definición de esa nueva causa y afirmó que el asunto es de naturaleza administrativa y política, reclamando que, eventualmente, sea dirimido en el fuero contencioso administrativo.

El defensor sostuvo además que “no se advierte delito” en las actuaciones del intendente y que la intervención penal es improcedente; por su parte, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi rechazó los planteos iniciales y dio traslado al Tribunal de Impugnación para que evalúe los recursos presentados. La resolución de suspensión establece que el proceso principal permanecerá detenido hasta que exista una sentencia firme en el expediente conexo, sin plazos concretos para reanudar el juicio.

La situación deja en stand-by no solo la causa contra Castro, sino también las investigaciones sobre los concejales involucrados, y abre interrogantes sobre la posible prolongación del conflicto judicial en el tiempo. Mientras la fiscalía insiste en la existencia de una maniobra ilegal para eludir la acción penal, la defensa reclama que lo discutido son actos políticos y administrativos susceptibles de resolución por vías administrativas o contencioso-administrativas.