El expediente contra el intendente de Angaco podría retomarse en 2027

El juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, por presunta malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad quedó suspendido, y fuentes judiciales estiman que recién podría retomarse en 2027.

La decisión del tribunal integrado por los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) dispuso dejar en pausa el trámite “hasta que se decida mediante sentencia firme” la causa conexa que instruye el Ministerio Público Fiscal.

El proceso principal estaba previsto para iniciarse en febrero, pero un planteo de conciliación y la controversia sobre la jurisdicción —si corresponde tramitar la controversia en el fuero administrativo o en el penal— frenaron el avance. La fiscal Silvina Gerarduzzi denunció a Castro y a tres concejales por un convenio presentado como reparación integral del daño: el intendente ofreció donar 5 millones de pesos a una entidad benéfica de Angaco tras una denuncia por presunto uso indebido de maquinaria y personal municipal en un predio de Chimbas. Para la fiscal, ese acuerdo representa un intento de “resolver” fuera de la justicia un conflicto que, a su entender, presenta indicios de negociaciones incompatibles, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.

Ante el planteo de la defensa —sosteniendo que la controversia debería dirimirse por la vía contencioso-administrativa— el juez no abrió aún la investigación penal y remitió la cuestión a un tribunal de impugnación. Ese tribunal deberá decidir si la causa debe tramitar en el sistema acusatorio; la definición podría conocerse entre fines de abril y mayo. Si se confirma el trámite penal, se abriría una investigación preparatoria de seis meses; luego el fiscal dispondría de otros seis meses para presentar una acusación formal o pedir el archivo. Si se avanza a juicio, el proceso judicial podría atravesar apelaciones y revisiones en instancias superiores, incluida la Corte de Justicia, lo que extiende los plazos hasta obtener una “sentencia firme”.

Con ese calendario procesal, fuentes judiciales y observadores estiman que el juicio oral podría habilitarse recién en 2027. Ese horizonte se cruza con el calendario electoral provincial: el próximo año habrá comicios generales en San Juan —con renovación de intendentes, concejales, diputados y gobernador— y circulan versiones sobre un posible adelantamiento de fechas, incluso a mayo. En ese marco, la dilación genera lecturas contrapuestas en la política local: algunos interpretan que Castro ganó tiempo y alivio político; otros advierten que la causa, si se reanuda o culmina con sentencia en 2027, puede afectar su chance de reelección.

Castro, que ya gobernó Angaco entre 2011 y 2019 y regresó al cargo tras las elecciones de 2023, afronta ahora la posibilidad de buscar un nuevo mandato mientras pesa sobre él un expediente en trámite. La denuncia alcanza además a los concejales Roberto López, Alberto de los Ríos y Alejandro Paredes, quienes participaron del convenio cuestionado.

En términos políticos, una causa penal que implique a autoridades municipales suele significar un desgaste para el espacio político de pertenencia, sobre todo si prospera hasta una condena que imponga inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, desde el punto de vista procesal también es posible que la fiscalía archive la investigación si considera que faltan pruebas suficientes.

El recorrido previsto —investigación preparatoria, control de acusación, juicio y apelaciones— puede demorar la firmeza de cualquier fallo durante meses o incluso años. Esa dinámica explica la proyección a 2027 como la fecha más probable para la reanudación del debate oral. Para la ciudadanía de Angaco, la situación plantea dudas: si la suspensión responde a cuestiones de fondo sobre jurisdicción y procedimiento, o si, en cambio, beneficia tácticamente a los acusados al posponer definiciones clave hasta el escenario electoral.