Periodistas bajo el régimen de Personas Expuestas Políticamente

Milei avanza con una reforma integral a la Ley de Medios: claves del proyecto

Trabaja en una reforma profunda a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009
22/05/2026
Uno de los puntos más controversiales del proyecto es la intención de incluir a los comunicadores en la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP), figura que actualmente aplica a funcionarios de los tres poderes del Estado.
 
¿Qué implicaría esto en la práctica?
 
  • Presentación periódica de declaraciones juradas patrimoniales
  • Sujeción a los mismos mecanismos de control y transparencia que rigen para ministros, legisladores y magistrados
  • Mayor escrutinio público sobre la evolución de sus bienes y fuentes de ingresos
 
Milei ha fundamentado esta medida con una pregunta directa: "Si verdaderamente creen que son honestos, que presenten un proyecto para ser personas políticamente expuestas y muestren su patrimonio". Inicialmente, el Ejecutivo evaluó implementar esta disposición mediante una resolución administrativa, pero sus equipos jurídicos aconsejaron que la vía adecuada es un proyecto de ley, lo que obligará a su tratamiento en el Congreso.
 

 

Desmantelar el núcleo de la norma de 2009

El segundo pilar de la reforma apunta a revertir la lógica regulatoria establecida por la ley kirchnerista. Aunque gobiernos anteriores, como el de Mauricio Macri y el propio Milei, ya habían introducido flexibilizaciones por decreto, el objetivo ahora es más ambicioso: eliminar de raíz lo que el oficialismo considera "regulaciones bolivarianas" que distorsionan el mercado.
 
Las áreas que se buscan modificar incluyen:
 
  • Sistema de licencias: Simplificación de trámites y reducción de requisitos para la obtención y renovación de habilitaciones.
  • Fiscalización del ENACOM: Revisión de las facultades del Ente Nacional de Comunicaciones para limitar intervenciones consideradas burocráticas o ideologizadas.
  • Contenidos mínimos: Eliminación de cuotas obligatorias de programación local, independiente o educativa impuestas por la norma original.
  • Estructura institucional: Disolución o reasignación de áreas estatales creadas bajo el esquema de 2009, con el fin de reducir la presencia del Estado en el sector.
 
La visión del Gobierno es clara: desregular para promover la competencia, la inversión privada y la libertad editorial, sacando al Estado de roles que, según esta perspectiva, no le corresponden.
 

 

Telecomunicaciones: hacia un mercado más abierto

La reforma no se limita a los medios tradicionales. El proyecto contempla una reconfiguración integral del marco regulatorio de las telecomunicaciones, con el objetivo de facilitar la entrada de nuevos actores, agilizar el despliegue de infraestructura y adaptar la normativa a los desafíos de la era digital.
 
Entre las medidas que se estudian:
  • Flexibilización de condiciones para la prestación de servicios de internet y telefonía
  • Actualización de estándares técnicos para incorporar tecnologías emergentes
  • Reducción de cargas administrativas para operadores pequeños y medianos
 

 

Contexto político y desafíos legislativos

La iniciativa llega en un momento de tensión entre el Ejecutivo y sectores del periodismo, que han cuestionado públicamente el rumbo de las políticas de comunicación del Gobierno. La propuesta de declarar PEP a los comunicadores, en particular, ha generado rechazo en entidades gremiales y organizaciones de defensa de la libertad de prensa, que advierten sobre posibles efectos intimidatorios.
 
Para avanzar, el proyecto deberá sortear múltiples obstáculos:
  • Negociación parlamentaria: Sin mayoría propia en el Congreso, el Gobierno necesitará construir acuerdos con bloques opositores.
  • Debate público: La reforma probablemente generará una intensa discusión sobre los límites entre transparencia, libertad de expresión y regulación estatal.
  • Aspectos constitucionales: Algunos puntos del proyecto podrían ser cuestionados judicialmente por presuntas colisiones con garantías fundamentales.
 

 

¿Qué se viene?

Aunque aún no hay un cronograma oficial para la presentación formal del proyecto, fuentes oficiales indican que el equipo legal del Gobierno continúa ultimando detalles. Se espera que, una vez ingresado al Congreso, la iniciativa sea derivada a las comisiones de Comunicaciones y Libertad de Expresión, donde comenzará su tratamiento legislativo.
 
Mientras tanto, el debate sobre el futuro de la regulación mediática en Argentina ya está instalado. Para los defensores de la reforma, se trata de una oportunidad histórica para modernizar un sector anclado en normas de otra época. Para sus críticos, representa un riesgo para la pluralidad y la independencia periodística.