INVESTIGACIÓN LOCAL

Un estudio de la UNSJ reconstruye cómo las familias esclavas compraban su libertad en el San Juan colonial

Una investigación de la historiadora Ana Laura Donoso Ríos analiza documentos notariales y parroquiales entre 1750 y 1800. El trabajo detalla las estrategias económicas y legales de tres familias afromestizas para liberar a sus hijos y evitar la separación familiar.
IMAGEN ILUSTRATIVA IA
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Una investigación de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) documentó los mecanismos legales y económicos que utilizaron las familias esclavizadas y afromestizas para obtener su libertad en San Juan de la Frontera entre 1750 y 1800. El trabajo, publicado en la revista académica Historia y Memoria, se basa en el análisis de testamentos, cartas de libertad y registros parroquiales de la época.
 
La autora, la licenciada en Historia Ana Laura Donoso Ríos, cruzó datos del Archivo del Poder Judicial de San Juan y de la Iglesia. Según el censo de 1777, el 16% de la población local estaba compuesta por negros y mulatos, en una sociedad donde el 44% era mestiza y el 37% española.
 
El estudio demuestra que la familia funcionaba como la principal red de supervivencia y ahorro. Debido a que la condición de esclavitud se heredaba por vía materna, las mujeres lideraron las estrategias para liberar a sus hijos. Además, se registró un alto índice de uniones consensuales, explicadas por las trabas económicas para contraer matrimonio religioso y las restricciones impuestas por los propietarios.
 
Entre los casos documentados se encuentra el de Felis Salsedo, un carpintero, y Anastacia, esclavizada por fray Phelipe Allende. Tras la muerte del amo original, la familia fue dividida entre los herederos. Para evitar que los niños fueran vendidos para saldar deudas, la pareja reunió 330 pesos y compró primero la libertad de sus hijos pequeños, Damián y Mariana, antes que la de la madre.
 
Otro expediente analizado es el de Mathías Lucero y Francisca Abila. La familia juntó 400 pesos para liberar a Francisca y asegurar que su último hijo naciera libre. Tras el fallecimiento de Mathías, el amo de Francisca, Juan Álvarez de Miranda, se negó a liberar a los hijos varones y a entregar los bienes familiares. Según los registros notariales, Francisca otorgó un poder legal para iniciar un juicio y exigir la coartación de sus hijos, demostrando el uso del sistema judicial para defender sus derechos.
 
El tercer caso aborda la "manumisión graciosa" o libertad condicional otorgada por testamento. En una escritura del 18 de marzo de 1795, se detalla la situación de Petrona, quien cuidaba a su ama, María del Carmen de Iñon. Aunque Petrona obtuvo la libertad, el documento la obligaba a servir de por vida a los herederos, a no mudarse de la propiedad y a destinar el dinero de unas parras donadas para pagar misas por el alma de su antigua propietaria.
 
De acuerdo con la investigación, estos expedientes demuestran que las personas esclavizadas utilizaron el ahorro, el trabajo artesanal, la negociación y los tribunales de justicia como herramientas concretas para mantener la unidad familiar y alcanzar la movilidad social en la sociedad colonial sanjuanina.
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