Política minera

El Gobierno nacional actualizó y digitalizó los trámites de la Ley de Inversiones Mineras

Una nueva resolución de la Secretaría de Minería elimina el circuito en papel vigente desde 2004, crea un registro digital unificado y articula el régimen con el RIGI. La medida impacta directamente en San Juan, provincia con alta concentración de proyectos bajo este marco normativo.
La Secretaría de Minería de la Nación publicó en el Boletín Oficial la resolución 68/2026, que actualiza el marco normativo de la Ley de Inversiones Mineras (24.196). La medida busca simplificar trámites, reducir cargas administrativas y mejorar el control del régimen de promoción en todo el país.
 
El cambio más significativo es la digitalización de la devolución del crédito fiscal del IVA para la exploración minera. Las solicitudes migraron al Sistema Integral de Recupero (SIR) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Con este paso, se elimina el circuito en papel que se utilizaba desde 2004 y se unifica la gestión con otros reintegros fiscales del Estado.
 
Además, se implementó formalmente el Registro de Inversiones Mineras (RIM). Este sistema informático centralizado identifica a los beneficiarios mediante su CUIT y asigna un código único (ID) a cada proyecto. Según el organismo, esta herramienta permite un seguimiento más riguroso y una mayor trazabilidad de los fondos.
 
La norma también establece requisitos específicos de inscripción y actualización para las empresas prestadoras de servicios mineros. Se hizo obligatoria la constitución del Domicilio Legal Electrónico para estos actores. Asimismo, se estructuraron los procedimientos para la presentación y validación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), alineando el régimen con la Ley General del Ambiente.
 
Otro punto central es la articulación con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La resolución contempla esquemas que facilitan la continuidad registral de los emprendimientos de gran escala que decidan acceder a ambos marcos de promoción de manera simultánea o sucesiva.
 
Para la provincia de San Juan, esta actualización tiene una aplicación inmediata. La región concentra una parte significativa de los proyectos mineros aprobados bajo estos regímenes a nivel nacional. La nueva operatoria administrativa modifica la forma en que las empresas locales y las firmas con activos en la cordillera sanjuanina gestionarán sus beneficios fiscales y sus obligaciones de control ambiental a partir de ahora.
 
Los plazos de ley establecidos en la normativa original, como el período de 12 meses para la acumulación de créditos fiscales, se mantienen inalterados. Los trámites en curso al momento de la entrada en vigencia de la resolución continuarán su curso bajo la normativa aplicable al momento de su presentación.