INTERNACIONAL Y PREVENCIÓN

Crisis en Chile: aluvión en Santiago desata una tormenta política y una investigación fiscal por responsabilidades

Un violento aluvión en Las Condes, seguido de nuevas tormentas y granizo en la capital, dejó miles de viviendas afectadas y daños en patrimonio histórico. La Fiscalía investiga si las autoridades ignoraron advertencias previas, mientras crecen las críticas a la gestión del gobierno.
Un desastre natural de gran magnitud sacude a la Región Metropolitana de Chile. El aluvión registrado la semana pasada en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, y agravado por nuevas tormentas eléctricas y granizo en los últimos días, ha dejado un saldo de más de 2.000 viviendas con daños, cientos de damnificados y afectaciones graves a infraestructura pública, incluido el histórico Teatro Municipal de Santiago.
 
El alcalde de la capital, Mario Desbordes, reportó el colapso de techumbres en edificios antiguos por la acumulación de granizo, lo que obligó a evacuar preventivamente a adultos mayores de dos hogares. Ante la persistencia de las lluvias, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la región.
 
Investigación fiscal y advertencias ignoradas Paralelamente, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación por cuasidelito de lesiones y citará a diversas autoridades para determinar responsabilidades penales. El foco de la pesquisa está en establecer quiénes recibieron las advertencias técnicas previas al desastre.
 
Se reveló que, en febrero, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ya había alertado sobre un alto peligro de remociones en masa en la zona, agravado por incendios forestales del verano anterior. Sin embargo, se confirmó que el contrato municipal para instalar mallas de contención en la quebrada se firmó recién el 5 de octubre, apenas tres días antes de que ocurriera el aluvión.
 
Grietas en la conducción política La catástrofe derivó en una fuerte crisis política para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Alcaldes como Sebastián Sichel (Ñuñoa) y Catalina San Martín (Las Condes) cuestionaron públicamente la burocracia estatal, la falta de recursos locales para emergencias y las contradicciones del gabinete. Una de las más sonadas fue la del ministro de Obras Públicas, quien inicialmente aseguró que las barreras de contención estaban instaladas, para luego rectificar y admitir que los trabajos apenas comenzaban.
 
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió la coordinación institucional y el despliegue de ayuda. No obstante, una encuesta reciente de Plaza Pública Cadem indica que el 51% de la población desaprueba la respuesta del Ejecutivo frente a la emergencia, bajo la premisa de que el desastre pudo haber sido mitigado con una acción preventiva oportuna.
 
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