ACUEDUCTO GRAN TULUM | POLÉMICA JUDICIAL Y MEDIÁTICA

Una supuesta denuncia contra los fiscales del Acueducto Gran Tulum circuló por varios medios y provocó una respuesta de la Fiscalía General

Tiempo de San Juan difundió inicialmente la versión de una denuncia penal en Comodoro Py contra Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. Otros portales reprodujeron la información y el fiscal general Guillermo Baigorrí respondió con un comunicado de respaldo. Hasta el momento, no se hizo pública documentación judicial que permita verificar la existencia y el contenido de esa presentación.
La investigación por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo episodio de repercusión pública, esta vez a partir de versiones periodísticas sobre una supuesta denuncia penal contra los fiscales Sebastián A. Gómez y Francisco J. Pizarro ante los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires. La información comenzó a circular el martes 27 de octubre, cuando el portal Tiempo de San Juan publicó, a las 20:07, una nota en la que aseguró que abogados defensores de personas investigadas por la obra habían denunciado penalmente a los integrantes de la UFI de Delitos Especiales.
 
 
La publicación atribuyó la información a fuentes vinculadas con la causa, aunque reconoció que no se conocían los detalles de la presentación, la figura penal invocada ni el juzgado que habría recibido la denuncia.
 
Menos de una hora después, a las 20:56, Diario 13 San Juan difundió la misma versión y citó expresamente a Tiempo de San Juan como fuente de la información.
 
La noticia también fue publicada por Diario Huarpe, Radio Caucete, Somos San Juan y eNoticias, entre otros portales. En algunos casos se atribuyó el dato a publicaciones anteriores; en otros, los titulares presentaron la denuncia como un hecho consumado, pese a que no se acompañó documentación judicial que permitiera comprobarla. Radio Caucete reprodujo la información identificando como fuente a Tiempo de San Juan. Somos San Juan también atribuyó expresamente la versión a ese medio.
 
La circulación de la noticia plantea un interrogante periodístico concreto: ¿cuántas fuentes independientes confirmaron la existencia de la supuesta denuncia y cuántos medios se limitaron a reproducir una información originada en una misma publicación?
 
La reiteración de una versión en diferentes portales no constituye, por sí misma, una confirmación independiente de los hechos. Para establecer si la denuncia efectivamente existe, resulta necesario conocer al menos una constancia de presentación, la identificación del expediente o una confirmación judicial verificable. En las publicaciones examinadas no se difundió esa documentación.
 
El miércoles 28 de octubre, la Fiscalía General de la Corte de San Juan emitió un comunicado oficial firmado por Guillermo Francisco Baigorrí, en respuesta a las versiones periodísticas.
 
El pronunciamiento comienza haciendo referencia a una “supuesta denuncia penal” radicada ante los tribunales de Comodoro Py contra Gómez y Pizarro, vinculada con la investigación del Acueducto Gran Tulum.
 
La elección de esa expresión resulta significativa.
 
 
El Ministerio Público Fiscal no confirmó expresamente la existencia de la presentación, aunque tampoco afirmó que fuera falsa o inexistente.
 
En cambio, concentró su respuesta en una defensa institucional de los funcionarios que intervienen en la investigación. Baigorrí manifestó el respaldo del organismo a fiscales, ayudantes fiscales, funcionarios y personal administrativo, con especial referencia a quienes participan en investigaciones relacionadas con posibles hechos de corrupción.
 
Respecto de Gómez y Pizarro, destacó su “honradez, profesionalidad, dedicación, valentía, compromiso con la verdad y buena fe”, además de reconocer el trabajo del equipo que los acompaña.
 
El fiscal general sostuvo que ambos funcionarios han actuado con objetividad, rigor técnico, legalidad, lealtad procesal, independencia y autonomía.
 
 
El comunicado concluyó ratificando el compromiso institucional del Ministerio Público Fiscal con su lema de “hacer el deber ser”. El episodio se produce mientras continúa la investigación provincial sobre las presuntas irregularidades vinculadas con la licitación, contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum.
 
Paralelamente, existe una controversia sobre la competencia judicial. Según antecedentes periodísticos, el juez federal Daniel Rafecas solicitó información relacionada con la investigación a partir de un planteo formulado por la defensa de exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
 
 
Diario Huarpe identificó ese trámite de competencia con el expediente CFP 5004/2026. Sin embargo, ese número corresponde al planteo relacionado con la competencia federal y no constituye una identificación comprobada de la supuesta denuncia penal contra Gómez y Pizarro.
 
 
Las publicaciones vincularon la presunta presentación con la respuesta del fiscal Gómez al requerimiento de información, aunque no aportaron documentación suficiente para acreditar que ese haya sido el motivo de una denuncia formal.
 
 
La audiencia de formalización de la investigación provincial está prevista para el 10 de noviembre, después de una suspensión anterior.
 
En este escenario, corresponde distinguir tres hechos: existe una investigación provincial por el Acueducto Gran Tulum; diversos medios difundieron una versión sobre una denuncia penal contra los fiscales que intervienen en ella; y la Fiscalía General de la Corte respondió públicamente con un respaldo institucional.
 
 
Lo que todavía no pudo establecerse mediante documentación judicial pública es si la denuncia contra Gómez y Pizarro fue efectivamente presentada, quiénes la suscribieron, qué delitos habrían invocado y qué juzgado debería intervenir.
 
También resulta relevante observar cómo una versión atribuida inicialmente a fuentes no identificadas fue reproducida por distintos medios de comunicación y adquirió amplia circulación pública.
 
La coincidencia editorial entre determinados portales, o su eventual cercanía con sectores políticos, puede ser materia de análisis, pero no demuestra por sí sola una operación coordinada.
 
Para sostener una conclusión de esa naturaleza serían necesarias pruebas adicionales.
 
Mientras no se conozca una constancia judicial verificable, la existencia de la supuesta denuncia deberá mantenerse en el terreno de la información atribuida a las publicaciones que la difundieron, sin presentarla como un hecho judicial confirmado.
 
El comunicado firmado por Baigorrí deja establecida la posición institucional de la Fiscalía General, pero no resuelve el interrogante que originó la controversia: si existe efectivamente una nueva causa penal contra los fiscales del Acueducto Gran Tulum.
 
Una supuesta denuncia contra los fiscales del Acueducto Gran Tulum circuló por varios medios y provocó una respuesta de la Fiscalía General
Una supuesta denuncia contra los fiscales del Acueducto Gran Tulum circuló por varios medios y provocó una respuesta de la Fiscalía General
Una supuesta denuncia contra los fiscales del Acueducto Gran Tulum circuló por varios medios y provocó una respuesta de la Fiscalía General